Bogotá
Con el tiempo y el expresidente Álvaro Uribe en contra, el gobierno de Colombia y la guerrilla FARC buscaban este martes implementar con rapidez el nuevo pacto de paz que sellaron hace 10 días, tras incluir propuestas de sectores opositores.
Una ola de violencia contra líderes sociales que, según el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), puede amenazar la aplicación del acuerdo era el telón de fondo de estos esfuerzos, que desde el lunes mantienen en Bogotá a los miembros de la cúpula guerrillera.
Los asesinatos y amenazas contra líderes comunales completan la tríada principal de obstáculos en el camino para acabar con el conflicto armado de más de medio siglo, luego de que el actual senador Uribe rechazara definitivamente el lunes el nuevo pacto, tras días de suspenso.
Santos presidió este martes una reunión de alto nivel, con miembros de su gobierno y organismos de derechos humanos, para evaluar la situación de seguridad y aseguró que no va "a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y esperanzas de la paz".
"Estos hechos son una evidencia palpable, dramática, de los riesgos que la incertidumbre nos trae frente a la implementación de los acuerdos de paz", dijo.
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También pidió "acelerar" la aplicación del pacto de paz especialmente en zonas donde, según la guerrilla, solo en los últimos tres días han sido asesinados tres líderes comunales y otros dos han sufrido atentados.
Las FARC y el Gobierno sostienen un cese al fuego bilateral desde fines de agosto, que decidieron mantener a pesar del revés en el plebiscito del 2 de octubre, con el que fue rechazada la primera versión del acuerdo de paz.
La semana pasada murieron dos miembros de las FARC en presuntos combates con el Ejército, en el primer incidente notificado en el marco del cese al fuego. Un hecho que, según la partes, muestra la "fragilidad" de la tregua.
En paralelo a la reunión sobre la situación de seguridad, miembros de las FARC, incluido su líder máximo, Rodrigo Londoño (Timochenko), acordaban con negociadores del Gobierno los detalles de la firma oficial del nuevo acuerdo de paz.
La rúbrica está prevista para los próximos días, a pesar de la oposición de Uribe, quien pidió reunirse con las FARC y hacer nuevos cambios al pacto para que, por ejemplo, no se permita la elegibilidad política de responsables de delitos atroces mientras cumplen sus penas o que el acuerdo no sea incluido en la Constitución.
Para el analista Jorge Restrepo, está "claro que sería mejor tener un acuerdo de consenso, pero eso es casi imposible de lograr con lo que le está pidiendo el Centro Democrático (partido de Uribe) a las FARC, que es que no se elijan políticamente".
"Está bien que este acuerdo tenga una oposición, porque supone que debe haber una demostración de las partes de su voluntad para cumplir con lo ofrecido. Uribe, además, no tiene poder de veto o de bloqueo", dijo Restrepo, director del centro de análisis del conflicto Cerac.
Presentación en el Congreso
El Gobierno tiene planeado presentar el miércoles en el Parlamento el nuevo texto, para explicar a los congresistas las modificaciones que se le hicieron al pacto original, al incluir peticiones de sectores que votaron por el "No" en el plebiscito.
Al día siguiente, según se anunció el martes, se procederá a la firma en Bogotá.
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De su lado, las FARC prácticamente descartaron este martes la reunión con el expresidente Uribe, a quien señalan de querer "dilatar" la paz.
El comandante guerrillero Pablo Catatumbo, negociador en los diálogos de paz que se desarrollaron en Cuba por cuatro años, escribió así en Twitter:
En declaraciones a Blu Radio, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dijo que "lo que hay que hacer es, con un acuerdo cerrado, pasar a la implementación, que urge, y que tiene miles de temas y detalles donde se pueden dar aún más garantías" a los opositores.
"Realmente tenemos un problema de tiempo extremadamente grave. Una guerrilla no se puede quedar en la incertidumbre en que están las FARC", añadió.