El gobierno venezolano anunció que a partir del viernes quedan prohibidas las manifestaciones que puedan "afectar" la votación de la Asamblea Nacional Constituyente, el domingo, y advirtió que los "delitos electorales" serán castigados con penas de cinco a diez años de cárcel.
"Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar, que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral", dijo este jueves el ministro de Interior, general Néstor Reverol, un día antes de una gran marcha opositora en Caracas.
Quien "organice, sostenga o instigue" acciones que interfieran con "la organización y funcionamiento del servicio electoral" será "penado con prisión de cinco a diez años", señaló igualmente el ministro en rueda de prensa, citando un decreto presidencial.
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Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena; el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino; y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, almirante Remigio Ceballos.
La oposición ha anunciado un "boicot" contra las votaciones, en medio de las protestas que lleva a cabo desde hace cuatro meses y que dejan 106 muertos.
El ministro de Interior y Justicia informó que fueron activados 96 puntos para procesar ante tribunales civiles y militares los delitos que se cometan "antes, durante y después de la jornada electoral".
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La oposición cumple este jueves la segunda jornada de un paro de 48 horas en su ofensiva contra la Constituyente, que califica como "un fraude" para establecer "una dictadura", y preparaba una movilización en la capital para el viernes.
Lucena aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está "en tranquilidad, pero en alerta".
Un total de 146.000 policías, bomberos y efectivos de protección civil se desplegarán en apoyo a los militares para custodiar los centros de votación.
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Lucena y Reverol fueron incluidos el miércoles en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno estadounidense, acusados de "quebrantar la democracia" y de ser responsables de "la represión" contra manifestantes.
"Rechazo categóricamente esta intromisión, esta burla, este atropello a la soberanía", expresó Padrino ante las medidas de Washington, que incluyen congelación de cuentas y bienes en Estados Unidos y bloqueos de visados.
