Caracas
El Gobierno venezolano empezó a cumplir su amenaza de intervenir las empresas que cesen operaciones, al ordenar la ocupación de la fabricante estadounidense de productos de higiene Kimberly-Clark por sus empleados.
Dos meses después de lanzar la advertencia "planta parada, planta tomada por la clase obrera", el presidente Nicolás Maduro entregó este lunes a los trabajadores el control de la factoría de Kimberly-Clark en la ciudad de Maracay (centro).
La compañía anunció el pasado sábado la suspensión de actividades alegando un "deterioro de las condiciones económicas y de negocio" en el país petrolero, sumido en una severa crisis que mantiene paralizada gran parte de la industria.
"Vamos a proceder a firmar la solicitud que nos han hecho los trabajadores, donde planteamos (...) la ocupación inmediata de la entidad de trabajo Kimberly-Clark de Venezuela", dijo el ministro de Trabajo, Oswaldo Vera, en la planta.
Al suscribir el documento, en medio de vítores de empleados, Vera dispuso igualmente el encendido de las máquinas, según afirmó por orden expresa de Maduro.
"A partir de hoy Kimberly-Clark vuelve a abrir sus puertas", afirmó el funcionario en un acto transmitido por la televisión gubernamental, y reiteró la amenaza blandida por el mandatario socialista.
"Bienvenido el sector empresarial que quiera acompañar al gobierno, pero empresa que sea cerrada, empresa que va a ser ocupada y abierta por los trabajadores y el gobierno revolucionario", sostuvo.
¿Por qué la paralización? Kimberly-Clark justificó su decisión en la falta de divisas para adquirir materia prima y el acelerado aumento de la inflación, de 180,9% en el 2015 y proyectada por el FMI en 720% para el 2016.
Según la multinacional, instalada en Venezuela desde hace más de dos décadas, ese coctel hace "imposible operar".
"Si el Gobierno venezolano toma el control y las operaciones de Kimberly-Clark, será responsable del bienestar de los trabajadores y de los activos físicos, equipos y maquinaria de cara al futuro", señaló este lunes en un comunicado.
La fabricante de papel higiénico, pañales y toallas sanitarias, entre otros productos, había dicho el sábado que si las condiciones cambiaban evaluaría la viabilidad de reanudar actividades.
La ley laboral venezolana autoriza la ocupación en caso de "cierre ilegal o fraudulento" de una empresa o de "paro patronal". Una junta especial, con participación de empleados y dueños, administrará la corporación, indica la norma.
En Venezuela rige desde el 2003 un férreo control de cambios, en el que el gobierno monopoliza las divisas. El acceso a estas, por parte del sector privado, se ha visto más restringido por la caída del precio del petróleo, generador del 96% de los ingresos del país.
De acuerdo con la patronal Fedecámaras -principal gremio empresarial venezolano- más del 85% de la industria estaba paralizada en mayo por falta de materia prima.
Además, el Estado fija el precio de muchos alimentos y productos básicos, lo que según los empresarios ocasiona que no se cubran los costos de producción, y también la escasez de un 80% de los alimentos y las medicinas.
Pero Maduro sostiene que esas distorsiones son inducidas como parte de un plan de desestabilización económica de sus adversarios, para derrocarlo.
En este contexto, varias compañías internacionales han venido paralizando de forma temporal o indefinida sus operaciones.
En mayo, debido a la falta de azúcar, Coca Cola suspendió gran parte de su producción, reanudada en junio. Igualmente, los grupos estadounidenses Kraft Heinz y Clorox detuvieron recientemente actividades.
No solo transnacionales se han visto afectadas, pues el principal fabricante de cerveza de Venezuela, Polar, frenó entre abril y junio la producción de la bebida por falta de cebada.
Polar también es el mayor productor de alimentos del país, y fue el blanco de la artillería verbal de Maduro al anunciar la ocupación de empresas paralizadas durante el Día del Trabajador, el 1.° de mayo.