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Madrid. El gobierno socialista español quiere retirar los restos del dictador Francisco Franco de su mausoleo en el Valle de los Caídos, para convertirlo en un lugar de “reconciliación” de un país donde todavía sigue vivo el debate sobre la memoria histórica.
“Hay ya un acuerdo en el Congreso de los Diputados”, declaró este lunes la vicepresidente del gobierno encabezado por Pedro Sánchez, Carmen Calvo, en referencia a la amplia mayoría de diputados (198 sobre 350) que lo reclamaron en vano en el 2017 al gobierno conservador de Mariano Rajoy, entonces en el poder.
“Lo que haremos como gobierno es buscar la fórmula de su cumplimiento”, añadió.
Su objetivo es convertir el mausoleo en “un lugar de reconciliación, en memoria de todos los españoles y no de exaltación de una dictadura”, señaló -por su parte- el portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Óscar Puente.
Llegado al poder hace poco más de dos semanas, Pedro Sánchez -que podría abordar la cuestión este lunes por la noche en su primera entrevista televisiva- convirtió el sujeto de los restos de Francoen una prioridad.
Vencedor de la sangrienta Guerra Civil (1936-1939) provocada por el levantamiento militar contra la Segunda República española, el dictador entre 1939 y 1975 está enterrado en el Valle de los Caídos, un complejo monumental que él mismo imaginó y ordenó construir a 50 km de Madrid, en plena sierra de Guadarrama (al noroeste de la capital).
Sus restos reposan cerca del altar de la basílica coronada por una cruz de 150 metros de altura y, su tumba, siempre florida, se ubica junto a la del fundador del partido fascista de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.
En nombre de una pretendida “reconciliación” nacional, también ordenó trasladar los restos de más de 33.000 víctimas -del bando nacional y el bando republicano- de la guerra civil, normalmente sin avisar a sus familias.
El complejo, además, fue construido entre 1941 y 1959 en parte por el trabajo forzado de unos 15.000 presos republicanos, algunos fallecidos durante su confinación.
En abril, un grupo de expertos inspeccionó el controvertido mausoleo para preparar las exhumaciones de dos víctimas de la guerra enterradas allí, ordenadas por primera vez por la Justicia.
El traslado de los restos de Franco, así como los de Primo de Rivera, fue solicitada en una proposición de ley presentada en diciembre por el PSOE, cuando todavía estaba en la oposición.
El texto también contemplaba la creación de una “comisión de la verdad” o la anulación de las sentencias judiciales por motivos políticos tomadas durante la dictadura.
La iniciativa fue presentada por Sánchez en un lugar simbólico cerca de Valencia, donde más de 2.000 republicanos habían sido fusilados.“Ignorando un paseo incómodo no se puede construir un futuro confortable”, dijo entonces.
Heridas sin restañar
Más de 40 años después de la muerte del dictador, las heridas están lejos de cerrarse y la cuestión de la memoria histórica todavía divide al país.
“El Partido Socialista nos tiene habituado a querer dar esas batallas culturales” que “no aportan nada a la convivencia y a la concordia”, juzgó Andrea Levy, una responsable del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, formación heredera de la antigua Alianza Popular, fundada durante la transición a la democracia por ministros franquistas.
“La historia de la reciente democracia española es una historia justamente de fraternidad y de superación de los momentos más tristes”, afirmó.
Por su parte, el presidente conservador de la región de Madrid, Ángel Garrido, pidió evitar “conflictos artificiales”.
El partido de centroderecha Ciudadanos se mostró abierto a la iniciativa y el de izquierda radical Podemos celebró la medida.
Pablo Echenique, el número 3 de la agrpación, denunció la presencia de “un dictador genocida enterrado en un mausoleo gigantesco, rindiéndole honores mientras hay decenas de miles de muertos (republicanos) en las cunetas” de las carreteras.
En El holocausto español, el historiador británico Paul Preston eleva a 200.000 los muertos en combate y una cifra similar para los asesinatos y ejecuciones, 150.000 de ellas víctimas de los franquistas.
