México.AFP. La Corte Suprema de Brasil autorizó ayer investigar a 12 senadores y 22 diputados en funciones por el escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobrás, entre ellos a los presidentes de ambas cámaras, que integran la coalición de gobierno.
En total, la resolución habilita a la Fiscalía General a poner bajo la lupa a 49 autoridades actuales y políticos que en algún momento tuvieron cargos públicos, informó la Procuradoría, que estará a cargo de las pesquisas.
La lista de investigados incluye a Renán Calheiros, presidente del Senado y del Congreso, y a Eduardo Cunha, titular de la Cámara de Diputados, ambos del PMDB, un aliado clave del Partido de los Trabajadores (PT, gobernante).
“La instauración de investigaciones fue considerada viable porque hay indicios de ilegalidad”, dijo en un comunicado la Corte Suprema, citando al ministro que lleva la causa, Teori Zavascki.
La bautizada “lista de Janot”, en referencia al procurador general Rodrigo Janot, que presentó los pedidos a la Corte Suprema aprobados este viernes, causó zozobra e irritación en el Congreso y desató una tormenta política entre el gobierno y sus aliados.
Renan Calheiros Renan Calheiros, presidente del Senado brasileño. | AP (Eraldo Peres)
El efecto sobre la imagen pública de los políticos que serán investigados podría agriar aún más la relación entre el PT y el PMDB, considerado el “partido de la gobernabilidad”.
Según las delaciones que hicieron algunos acusados a cambio de una reducción de sus eventuales condenas, y que fueron filtradas a la prensa, los fondos desviados fueron destinados a cuentas personales o para financiar a partidos políticos.
La lista incluye nombres del PT, del PMDB, del PP (también aliado del gobierno), del opositor PSDB y del PTB (ex integrante de la coalición, que apoyó al PSDB en las elecciones de 2014).
Las revelaciones de la Operación Lava Jato (lavadero de autos) alcanzaron al PT cuando su tesorero, João Vaccari Neto, fue llevado a declarar por la fuerza y luego liberado.
De acuerdo con las distintas causas, el pago para los directivos de la estatal y operadores políticos variaba entre 1% y 3% del total de los multimillonarios contratos.
