Caracas
La fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, chavista rebelada contra el presidente Nicolás Maduro, volvió a embestir este lunes al denunciar que la Asamblea Constituyente que impulsó el mandatario representa su "ambición dictatorial" de "ejercer el poder sin límites".
"Me dirijo al país para desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral Constituyente presidencial (...). Estamos frente a una ambición dictatorial", dijo Ortega, en una declaración ante la prensa tras la votación del domingo, empañada por diez muertes en violentos disturbios.
La abogada de 59 años, que rompió con Maduro en medio de manifestaciones opositoras que dejan más de 120 fallecidos en cuatro meses, advirtió que "todos los derechos políticos están en peligro" con la Constituyente, suprapoder que regirá el país por tiempo indefinido.
"Aquí no hay más elecciones (...). Se van a acabar los derechos a la manifestación, a la libertad de expresión", alertó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) –acusado por la oposición de servir al oficialismo– anunció sobre la medianoche del domingo que ocho millones de ciudadanos (41,5% del padrón electoral) participaron en los comicios de la Constituyente, lo que Maduro festejó como "un triunfo histórico".
Sin embargo, la fiscala dijo que la Constituyente sacada adelante contra viento y marea pese al rechazo de la oposición y la comunidad internacional, "no tiene legitimidad". "Es una burla", dijo, que pondrá "un poder absoluto en manos de una minoría".
Según encuestas privadas, la gestión del gobernante socialista es rechazada por 80% de los venezolanos.
Ortega abrió una fractura en el chavismo cuando calificó como una "ruptura del orden constitucional" sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió facultades del Parlamento, controlado por la oposición desde enero del 2016.
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Ortega acusó al gobierno de Maduro de "delitos de lesa humanidad" en el camino hacia la Constituyente, con "patrones de violaciones sistemáticas de los derechos humanos" por parte de militares y policías.
La fiscala ordenó iniciar "una investigación penal" y evalúa acudir "a instancias internacionales", al responsabilizar a los cuerpos de seguridad por un cuarto de las muertes ocurridas en las protestas.
Culpó además por 40% de los fallecidos a "civiles armados que atacan a los manifestantes", refiriéndose a grupos que la oposición acusa de apoyar al oficialismo, mientras Maduro y altos funcionarios gubernamentales aseguran que sus adversarios promueven la violencia para dar un golpe de Estado.
La situación, dijo Ortega, "debe alertarnos a todos". "Yo no lo voy a tolerar y no me voy a hacer cómplice", agregó.
Por ello, la fiscal aseguró que una "prioridad" de la Constituyente es "ir por mi cabeza" y anular "instituciones incómodas", en vez de solucionar la grave crisis política y económica del país.
"No es atacar el hambre, la escasez de alimentos (...), no es la paz", expresó.
En el discurso con el que celebró los resultados hechos públicos por el CNE, Maduro aseguró que la Constituyente "pondrá orden" en el Parlamento y en el Ministerio Público cuando se instale el próximo miércoles.
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Ya uno de los más poderosos dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodriguez, se refirió a Ortega como "exfiscal".
La disidente chavista prometió mantenerse firme: "La Constituyente presidencial no nos detendrá".
Ortega enfrenta un juicio en el TSJ que podría llevar a su destitución. El proceso se inició tras varios recursos judiciales que presentó –todos desestimados– contra la Constituyente y los magistrados de la corte suprema.
Acusada de "traidora" por Maduro y sus colaboradores, la fiscal contraataca: "Este no es el proyecto de país que proponía Hugo Chávez", fallecido presidente que gobernó entre 1999 y 2013.