El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.
Otras empresas, como hoteles, son emprendimientos conjuntos con compañías extranjeras, pero a todas luces esas compañías extranjeras no serán vulnerables a demandas. Ello implica que lo más probable es que la medida tenga muy escaso impacto real.
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Cada mandatario estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una sección de la Ley Helms-Burton de 1996 la cual permitiría entablar tales demandas debido a que atraparía a compañías de países aliados de Washington en años de litigios complicados que podrían provocar denuncias comerciales a nivel internacional contra Estados Unidos.
Entre los principales inversionistas en Cuba se encuentran el gigante británico de la industria del tabaco, Imperial Brands, que opera una empresa conjunta con el gobierno cubano para producir habanos de muy buena calidad; las compañías hoteleras españolas, Iberostar y Meliá, que tienen decenas de hoteles a lo largo y ancho de la isla caribeña y el fabricante de bebidas francés Pernod-Ricard, que hace el ron Havana Club con una destilería estatal cubana.
Estados Unidos presentó la medida como represalia por el apoyo que La Habana le da al presidente Nicolás Maduro de Venezuela.
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Tras casi 60 años de embargo comercial, la economía cubana está creciendo a un modesto ritmo de alrededor de 1% anual y las inversiones extranjeras ascienden aproximadamente a $2.000 millones, mucho menos de lo necesario para impulsar la prosperidad.
Sin embargo, el turismo, las remesas y el petróleo subsidiado de Venezuela le han permitido al gobierno cubano mantener servicios básicos y cierto grado de estabilidad que a todas luces no parece afectado por las recientes medidas de Washington contra Cuba y sus aliados latinoamericanos como Venezuela y Nicaragua.
