Brasilia. AFP. Recién reelegida, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afronta un difícil inicio de mandato debido al escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobrás , considerado el mayor en la historia de Brasil, debido a las astronómicas cifras desviadas.
“Es el mayor caso de corrupción de la historia del país, con consecuencias políticas y económicas todavía imprevisibles”, dice Gil Castello Branco, un funcionario de la ONG Contas Abertas, cuya tarea es vigilar el gasto público.
En el 2005, el caso conocido como mensalao –una contabilidad ilegal de algo más de $50 millones para pagar sobornos a legisladores aliados del Gobierno, a cambio de apoyo en el Congreso – hizo tambalear al Ejecutivo y costó la cabeza a jerarcas del Partido de los Trabajadores (PT, gobernante ).
El escándalo recién destapado en Petrobrás, la mayor empresa de Brasil, involucraría desvíos por cerca de $4.000 millones en una década , una cifra que se acerca al presupuesto anual de algunos países.
Según admitieron algunos acusados, empresas constructoras formaron un cartel para rotarse contratos con la firma estatal, pagaban un sobreprecio a cambio de adjudicarse las obras y ese dinero era para políticos e intermediarios.
El caso, investigado confidencialmente por la Policía y la Justicia, se ha filtrado a la prensa a cuentagotas.
Mal momento. El escándalo pilla a la presidenta en un momento de transición, cuando aún no ha nombrado a los principales ministros de su segundo mandato, y en plena parálisis económica, que ya prometía cuatro años difíciles para la sétima economía del mundo. El crecimiento de Brasil será cercano a cero este año, vaticinan analistas, y a esto se suma una elevada inflación que acumula 6,59% en 12 meses.
“Las denuncias impactan negativamente las expectativas sobre la economía de los agentes económicos y empresarios, y pueden afectar las inversiones esperadas en infraestructuras”, ya que las principales empresas en esta área han sido cuestionadas, señala el analista de la consultora Tendencias, Rafael Cortez.
La renovación de las viejas y saturadas infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos) es la gran prioridad de la agenda económica de la gobernante.
“Si se confirma la implicación de 70 políticos, entre estos, senadores, diputados, gobernadores, con seguridad este caso dificultará la vida política de un gobierno que necesitaba tranquilidad en el 2015 para recuperar la economía y la confianza de los empresarios”, destaca Ricardo Ribeiro, de MCM Consultores.
En las primeras filtraciones a la prensa sobre el caso hubo denuncias de implicación de decenas de políticos, quienes niegan estar involucrados.
“A cada revelación, el mundillo político se estremece”, expresa el columnista Igor Grielow, del diario Folha.
Las principales revelaciones parten de las declaraciones a la Justicia y a la Policía del empresario y presunto mediador del esquema de corrupción, Alberto Youssef, y el exdirector de Petrobrás Paulo Roberto Costa, quienes acordaron colaborar con la Justicia con toda la información, a cambio de la reducción de su pena, una modalidad rara en Brasil, pero “que la Justicia en Italia usó para desarticular a la mafia”, explica el jurista Luiz Flávio Gomes a la radio CBN.
Nada ha sido comprobado hasta la fecha y el caso está bajo secreto de sumario.
En una declaración ante el juez filtrada en YouTube, Costa contó impasiblemente, durante más de una hora, cómo, según él, las compañías constructoras añadían un 3% de sobreprecio a obras adjudicadas por Petrobrás para destinarlo a “agentes políticos”, y detalló que los principales destinatarios de ese dinero eran el PT y dos aliados: el Partido del Movimiento Democrático y el Partido Progresista.
Hasta ahora, los acusados han sido impedidos de mencionar nombres de políticos implicados, porque la Justicia primaria no puede juzgarlos y dependen de otro proceso en la Corte Suprema. Se espera que comiencen a conocerse en el 2015.
“La divulgación de esos nombres puede tener un alto costo de desgaste y mantiene en el país el ambiente político confrontado” de las elecciones presidenciales de octubre , las más reñidas de la reciente historia brasileña, destaca Ribeiro.
La presidenta Dilma Rousseff niega haber tenido conocimiento del esquema de corrupción en Petrobras y defiende que se investigue. “No tengo, nunca tuve y nunca tendré ninguna tolerancia con corruptores y corruptos”, afirmó Rousseff el jueves durante una conferencia sobre educación. “Queremos la investigación en su totalidad”, aseguró.
Rousseff llegó al poder en 2011 y demostró firmeza frente la corrupción al despedir del gobierno a varios ministros y otros funcionarios acusados de malversación de dinero público.
Pero su “limpieza” –como fue bautizada– perdió fuerza “al final del primer mandato, porque ella necesitaba de apoyo político para la reelección”, afirma Castello Branco.