Caracas
El presidente del legislativo venezolano, Diosdado Cabello, dijo este martes que la investigación de la fiscalía estadounidense que lo vincula con un supuesto cártel del narcotráfico es parte de una "guerra sucia".
"Jamás pasaría por nuestras mentes meternos en algo que le cause daño a los jóvenes de Venezuela y del mundo (...) Sabemos de dónde viene esta pelea contra nosotros. Hoy sectores del imperialismo norteamericano reeditan una guerra sucia despiadada", expresó Cabello en el senado.
El presidente de la Asamblea y número dos del chavismo agregó con sarcasmo que "no es Venezuela quien tiene el récord de consumo de drogas ni de producción de drogas".
La fiscalía federal estadounidense investiga a varios altos responsables venezolanos, incluyendo a Cabello, por "haber convertido al país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero", publicó este lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ) citando una "docena de fuentes cercanas al caso".
Según el periódico, "una unidad de élite de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y fiscales de Nueva York y Miami se encuentran recabando pruebas provistas por extraficantes de cocaína, informantes que estuvieron cerca de altos funcionarios venezolanos y desertores del ejército" del país sudamericano.
El pasado 21 de abril, Cabello introdujo una demanda contra tres medios de comunicación venezolanos por hacerse eco de una información que lo vinculaba a una supuesta red de narcotráfico.
En enero pasado, medios de prensa venezolanos, incluidos los tres demandados, publicaron versiones de que Leamsy Salazar, un exjefe de seguridad de Cabello y del fallecido presidente Hugo Chávez, huyó a Estados Unidos y denunció la supuesta existencia de un cártel de narcotraficantes al que presuntamente pertenecería el actual presidente del Congreso.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que carecen de embajadores desde 2010, se encuentran en tensión desde marzo pasado, cuando el presidente estadounidense Barack Obama firmó la adopción de sanciones contra siete funcionarios del gobierno de su homólogo Nicolás Maduro en un decreto que calificaba la situación en Venezuela de "amenaza" para Estados Unidos.