Manila
La principal opositora a la sangrienta guerra contra la droga del presidente filipino Rodrigo Duterte fue detenida este viernes, acusada de narcotráfico, pero prometió seguir luchando contra el "sociópata asesino en serie".
En una declaración a la prensa poco antes de entregarse a la policía, la senadora Leila de Lima dijo ser inocente de las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre ella y que pueden costarle una cadena perpetua. Prometió seguir manifestándose contra la "opresión" del gobierno.
"Como vengo diciendo desde hace tiempo, soy inocente" dijo Leila de Lima, que fue también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas. "No son ciertos los cargos de que me beneficié del narcotráfico, de que recibí dinero y protegí a narcotraficantes", añadió la senadora tras haber pernoctado en el Senado, donde se refugió el jueves por la noche para evitar ser detenida por la Policía.
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Esta semana, la también abogada calificó al presidente Duterte de "sociópata asesino en serie" y llamó a los filipinos a levantarse contra su guerra antidrogas, que ha dejado más de 6.500 muertos desde su llegada al poder hace ocho meses.
De Lima, acusada de orquestar una red de tráfico de drogas cuando era secretaria de Justicia durante la anterior administración de Benigno Aquino, se entregó el viernes por la mañana y fue llevada a un centro de detención para celebridades, austero pero más confortable que las habituales prisiones.
"No tengo intención de huir ni de esconderme. Me enfrentaré a todos esos cargos", había dicho De Lima después de que el tribunal de Manila emitiera la orden de detención.
La abogada de 57 años pasó casi una década tratando de vincular al actual presidente con escuadrones de la muerte supuestamente responsables de miles de asesinatos.
De Lima, perteneciente al Partido Liberal que gobernó durante seis años con Aquino, calificó su detención de "venganza puramente política" y "basada en cargos fabricados".
"La verdad terminará por salir a la luz llegado el momento", dijo la legisladora minutos antes de ser detenida. "No lograrán impedir que luche por la verdad y la justicia, contra los asesinatos cotidianos y la opresión del régimen de Duterte".
La vicepresidenta Leni Robredo, miembro del Partido liberal de De Lima, y elegida en una elección distinta de la de Duterte, dijo que esta detención supone un "acoso político".
El propio Partido Liberal mostró su preocupación por la seguridad física de De Lima, recordando que otro político, Rolando Espinosa, murió en su celda el pasado noviembre tras ser detenido igualmente por tráfico de drogas.
Duterte, de 71 años, ganó las elecciones con la promesa de erradicar las drogas del archipiélago y declaró una guerra sin cuartel a los traficantes.
"La voy a destruir públicamente" había advertido Duterte al lanzar una campaña contra De Lima, a la que acusa de tráfico de drogas, difundiendo además detalles sobre su vida sexual.
La Policía anunció que en el marco de operaciones antidroga ha matado a 2.555 personas, y otras 4.000 murieron en circunstancias inexplicadas, según cifras oficiales.
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Amnistía Internacional ha acusado a la policía de abuso sistemático de los derechos humanos, en particular de asesinar a gente desarmada, montar pruebas inexistentes, pagar a terceros para asesinar sospechosos y robar a las víctimas.
"La detención de De Lima es una clara tentativa del Gobierno filipino de hacer callar las críticas contra el presidente Duterte y para desviar la atención de las graves violaciones de los derechos humanos en la 'guerra contra las drogas'", indicó Amnistía.
"La gente tiene miedo", dijo por su parte el padre Robert Reyes, un sacerdote que permaneció toda la noche con la senadora. "Si el gobierno puede detener a una persona tan poderosa, ¿qué va a pasar con la gente común?"