Brasilia
Las denuncias contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en el escándalo de corrupción en Petrobras activaron las alarmas en políticos de los principales partidos de Brasil, acusados de tramar ardides legales para blindarse ante el avance de las investigaciones.
Después que el gobierno de Michel Temer, que asumió tras la destitución de Dilma Rousseff, perdió tres ministros por supuestamente conspirar para frenar la Operación Lava Jato (lavadero de autos), un nuevo y confuso episodio colocó a la Cámara de Diputados al frente de esta iniciativa.
Mientras todos los ojos estaban puestos sobre el juez anticorrupción Sergio Moro, que debía decidir si aceptaba denuncias contra Lula por su implicación en el caso -finalmente decidió abrir juicio al exmandatario-, la Cámara de Diputados intentó aprobar una enmienda legislativa para amnistiar a los políticos que hubieran recibido en el pasado donaciones electorales irregulares, infracción conocida como "Caja2".
En el ámbito de la Operación Lava Jato, esta contabilidad paralela -no declarada- puede en realidad ocultar delitos más graves, como corrupción y lavado de dinero, por provenir de empresas que participaron de la red de desvíos en la empresa petrolera estatal.
"Hay una sensación en el aire de que una parte del Congreso quiere parar a cualquier costo la Operación Lava Jato, parar las investigaciones, porque podrían alcanzar a muchas personas", dijo el diputado Alessandro Molón, de REDE (izquierda), uno de los legisladores que denunciaron la maniobra y frenaron la votación de dicha enmienda.
La investigación Lava Jato está develando desde el 2014 un megaesquema de corrupción que durante al menos una década drenó miles de millones de dólares de la estatal Petrobras.
El caso, reconocido como la mayor investigación anticorrupción en la historia de Brasil, ya ha puesto tras las rejas a encumbrados empresarios, exfuncionarios de la firma estatal y operadores políticos que confabularon para amañar contratos sobrefacturados y distribuir sobornos entre partidos políticos y sus dirigentes.
Una gran parte de la causa está bajo la órbita del Supremo Tribunal Federal (STF), encargado de juzgar a las autoridades con fueros especiales, como los legisladores, ministros y otros funcionarios de gobierno.
Barbas en remojo. Esta parte de la investigación no ha condenado aún a ningún político en funciones, pero tiene bajo la mira a decenas de legisladores.
"La Operación Lava Jato es una gran preocupación (para los políticos), porque muchos diputados están en la lista de investigados en el STF. Y otros políticos que no tienen fueros también están preocupados de ser los próximos en la lista", resumió el politólogo David Fleischer, de la Universidad de Brasilia.
La mano dura con que el juez Moro ha conducido el caso en la primera instancia -plagado de prisiones preventivas-, así como las delaciones de delincuentes confesos que la Fiscalía viene utilizando para descifrar la compleja trama de corrupción, también han despertado críticas entre los políticos.
"La Operación Lava Jato es un avance civilizador, pero tiene la responsabilidad de separar la paja del trigo, de acabar con ese exhibicionismo", fustigó el presidente del Senado, Renan Calheiros, tras las denuncias presentadas contra Lula.
Calheiros, integrante del PMDB que asumió el poder tras el impeachment de la izquierdista Dilma Rousseff, integra la lista de políticos investigados en este caso.
El PMDB se vio en aprietos en mayo, cuando se filtraron conversaciones grabadas en secreto, en las que uno de los ministros más próximos de Temer daba a entender que su partido quería consumar el juicio político para "frenar la sangría" que estaba causando la investigación en Petrobras.
Un integrante del gobierno de Temer afirmó tras ser despedido de su cargo que "el gobierno quiere obstruir la Lava Jato".
Acusaciones que Temer y sus ministros niegan tajantemente.
"Nadie tiene coraje de intentar obstruir Lava Jato porque la reacción puede ser muy fuerte y traer consecuencias muy negativas para quien lo intente", consideró Fleischer.