La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró “nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación” de los parlamentarios cuestionados por el partido oficialista, según el fallo publicado en la página oficial del órgano de justicia.
De inmediato, el vicepresidente del Legislativo, el opositor Simón Calzadilla, afirmó que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mantendrá a sus 112 diputados, quienes, señaló, están protegidos por la inmunidad parlamentaria y acudirán a sesiones el martes.
“No existe forma alguna de que se pueda acatar o ejecutar esta sentencia que acaba de decidir el TSJ. Absolutamente política, nada jurídica, obediente al PSUV (gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela)”, declaró.
Solo un foro. El diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, manifestó que mientras esté en desacato, el Parlamento será “un foro de debates y no de decisiones”, y sugirió que, ante las “omisiones” –ausencias– del Legislativo, su papel “lo asume la Sala Constitucional del TSJ”.
“Viene un vacío, porque si la Asamblea está en desacato, nadie va a reconocerla, los ciudadanos no estamos obligados, el resto de poderes no está obligado”, declaró Cabello, quien agregó que “el Estado no se puede paralizar”.
El TSJ, al que la oposición acusa de aliado del oficialismo, declaró “en desacato” a los tres legisladores y a la Junta Directiva del Parlamento, presidida por el férreo antichavista Henry Ramos Allup, quien los juramentó el miércoles, un día después de la instalación del Parlamento.
Para el analista Luis Vicente León, el Gobierno usa “todos los mecanismos para minimizar la acción” de la Asamblea, pero señaló que la oposición no debe de “cazar todas las batallas” y que ambos bandos tendrían que estar dispuestos a negociar.
Tribunal Supremo venezolano anula actuaciones del Parlamento
El TSJ emitió su fallo al admitir un recurso presentado el jueves por la bancada minoritaria chavista, para la cual la incorporación de los tres opositores era ilegal pues sus proclamaciones fueron suspendidas por otra sentencia del mismo tribunal, ratificada este lunes.
La semana pasada, la Asamblea Nacional había conformado una comisión para investigar la designación de magistrados del TSJ –hecha en Navidad por la entonces mayoría parlamentaria chavista en sesiones maratónicas–, encargados de fallar las impugnaciones presentadas por el oficialismo.
“No cabe duda que el TSJ express está al servicio del Gobierno para anular la voluntad popular”, puso Ramos en Twitter.
Con la juramentación de los tres opositores, la MUD reivindicó la mayoría calificada de dos tercios (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre, y echó a andar su agenda, centrada en presentar, en un máximo de seis meses, una vía legal para cambiar el Gobierno, liberar a presos políticos y aprobar reformas económicas ante la severa crisis que atraviesa el país.
Acompañada por un grupo de diputados de la MUD, Lilian Tintori, esposa del opositor radical Leopoldo López, presentó al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para que sea estudiado.
“El proyecto es incluyente, ningún preso inocente debe quedarse por fuera. Así como no puede pasar ningún venezolano ni un minuto más en la cárcel por solo tener el coraje de querer vivir en libertad”, dijo Tintori.
Cabello anunció que el Gobierno pretendía someter a la Asamblea, este martes, un decreto de emergencia económica, pero desistirá de hacerlo si la mayoría opositora persiste en ignorar la decisión del TSJ.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, sufre el desplome de los precios del crudo -fuente del 96% de sus divisas-, un déficit fiscal de 20% del PIB, 200% de inflación, severa escasez y una contracción económica del 6% en 2015, según cálculos privados.
