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Lima y Caracas
Cancilleres y representantes diplomáticos de 12 países de América condenaron el martes el quiebre de la democracia en Venezuela y desconocieron a la Asamblea Constituyente impulsada por Nicolás Maduro, al tiempo que favorecieron una salida pacífica a la crisis que atraviesa ese país.
En la reunión participaron delegados de 17 países pero, según informaron fuentes diplomáticas, de ese grupo, el embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros, se retiró temprano y, los representantes de Jamaica, Santa Lucía, Guyana y Granada dejaron la decisión en manos de sus gobiernos.
Finalmente, suscribieron el documento Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, tal como consta en la Declaración de Lima, de 16 puntos.
En ella, los diplomáticos expresaron "su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela " y "su decisión de no reconocer a la Asamblea Constituyente" elegida el 30 de julio ni los actos que emanen de ella por su "carácter ilegítimo".
También resaltaron "su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional" (Parlamento), de mayoría opositora, "democráticamente electa".
Esa manifestación se produjo horas después de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, alertó sobre el "uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias" contra manifestantes e, incluso, "torturas".
Además, el secretario general del máximo foro mundial, Antonio Guterres, expresó su temor de que Venezuela se distancie de la paz.
En Caracas, durante la VI Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó la cita de Lima como una "mini-OEA" y de ser parte de una conjura contra América que busca "darle piso político al imperialismo norteamericano para seguir agrediendo" a su país.
El presidente Nicolás Maduro, sin mencionar la cita de Lima, propuso a los miembros del ALBA promover un diálogo con base en las normas del Derecho Internacional para restituir las reglas de convivencia con México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, y "no sé si Brasil, porque no hay gobierno legítimo".
En el documento, suscrito luego de siete horas de reunión en la capital peruana, los ministros de Relaciones Exteriores expresaron también "su condena a la violencia sistemática a los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, a la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres".
Actuación legítima. Los suscriptores aseguraron actuar "con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional y el principio de no intervención, el cual no atenta contra los derechos humanos y la democracia".
En su declaración, precisaron su "convicción de que la negociación es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias" y se ofrecen a apoyarla.
La Asamblea Constituyente, un "suprapoder", legislará hasta por dos años -más allá de la culminación del mandato de Nicolás Maduro- para reescribir la Carta Magna de 1999 y al mismo tiempo tomar otras decisiones de efecto inmediato.
Para la oposición, que no participó en la conformación y elección de los miembros de la Constituyente, esta permitirá que Maduro se perpetúe en el gobierno.
La ola de manifestaciones, impulsadas por la oposición para exigir la realización inmediata de comicios generales y la salida del gobierno ha dejado 125 muertos en los últimos cuatro meses.
La reunión se concretó luego de la decisión del Mercosur de suspender a Caracas por la "ruptura del orden democrático", tras la elección y reciente instalación de la Constituyente, que es rechazada por parte de la comunidad internacional, entre ellas la Unión Europea, y considerada "un fraude" por la oposición.
El canciller peruano, Ricardo Luna, anfitrión del encuentro, declaró: "Lo que tenemos en Venezuela es una dictadura (...) En Venezuela se ha roto el orden democrático y se tiene una situación de facto".
Su homólogo de México, Luis Videgaray explicó que los países firmantes también acordaron que reconocerán únicamente "los contratos de endeudamiento, refinanciamiento de títulos, concesiones, contratos de obra pública" que firmen con el gobierno del presidente Nicolás Maduro si tienen la aprobación de la Asamblea Nacional, en los casos que lo exige la Constitución.
La cita no acordó ninguna suspensión de relaciones diplomáticas con Caracas ni anunció sanciones económicas, aunque sí habló de su compromiso por mantener un seguimiento de la situación de Venezuela por parte de los ministros de Relaciones Exteriores.
Los cancilleres se solidarizaron también con la recientemente destituida fiscala general, Luisa Ortega, quien mostró abiertas discrepancias con el gobierno de Maduro.
De la misma forma, resolvieron no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales y llamaron a detener "la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas".
Torturas y violencia. La crisis imperante en Venezuela motivó el martes al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, a denunciar el "uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva", así como "torturas", durante las protestas en Venezuela.
Acusó a las fuerzas de seguridad y a las milicias progubernamentales de ser responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes.
"Las entrevistas realizadas a distancia (...) sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes", agregó.
El comunicado del alto funcionario señaló que "varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas".
Como las autoridades de Venezuela rechazaron el acceso al país de los investigadores de la ONU, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que realizara unas 135 entrevistas a distancia a víctimas y familiares, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y a un funcionario de la oficina de la Fiscalía General.
