Bruselas dio a la compañía un plazo de un mes para presentar compromisos concretos que resuelvan estas prácticas, antes de que las autoridades nacionales competentes —como las de Francia, Irlanda y Países Bajos— puedan aplicar medidas coercitivas, incluidas sanciones económicas proporcionales al volumen de negocio de la empresa.
Esta decisión surge tras una investigación formal iniciada en febrero en coordinación con la red de cooperación para la protección de los consumidores (CPC, por sus siglas en inglés).
Las autoridades europeas detectaron que Shein muestra rebajas respecto a precios anteriores que no son reales, ofrece plazos falsos de compra para inducir decisiones apresuradas y proporciona información imprecisa sobre los derechos de devolución y reembolso.
Además, se acusa a la empresa de no tramitar devoluciones conforme a la legislación europea, de ocultar datos de contacto esenciales para el consumidor y de exagerar la durabilidad de los productos que ofrece.
En paralelo, la red CPC solicitó información adicional a Shein para verificar el cumplimiento de otras obligaciones comunitarias, como las medidas para evitar que se promocionen artículos con datos engañosos en su plataforma.
Si la empresa no responde satisfactoriamente dentro del plazo estipulado, los países involucrados podrían proceder con sanciones firmes para proteger los derechos de los consumidores europeos.
