Organizaciones de derechos humanos experimentaron limitaciones en El Salvador

Patrones de vulneración

Las organizaciones civiles señalaron tres factores desde los cuales fueron vulnerados: libertad de expresión, participación y asociación.

Cristosal afirma que “el derecho a la libre expresión presenta dos elementos principales: a) restricciones de acceso a la información pública y b) el descrédito, limitación o ataques hacia las ideas o propuestas expresadas por las organizaciones de la sociedad civil”.

En cuanto al acceso a la información, el informe indica que las políticas implementadas por el gobierno desde 2021 limitan el acceso a datos relacionados con fondos, políticas públicas y contraloría.

Sin datos oficiales, las organizaciones han tenido que recurrir al seguimiento de figuras políticas en redes sociales, lo que ha provocado bloqueos de cuentas y ataques a través de estas plataformas.

“Se identifica un claro objetivo por limitar, desestimar y atacar la labor de denuncia, contraloría y el cuestionamiento de las decisiones gubernamentales que influyen directamente en la población”, explica el informe.

Detenciones arbitrarias

Otro problema detectado por Cristosal en las 71 organizaciones de derechos humanos se refiere a la participación.

El informe señala que asistir a “manifestaciones, protestas, huelgas y plantones” puede llevar a detenciones, cárcel, acoso policial, retención de documentos y amenazas. La identificación de personas vinculadas a ONG también provoca señalamientos públicos por parte de militares y ciudadanos que “han interiorizado el discurso de odio del oficialismo”.

“Creo que ya nos está pasando factura el discurso de odio del presidente hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos y sí, considero que, si bien no nos está limitando como organización, sí hay otras organizaciones o personas que tienen miedo y es el hecho de que no nos podemos hacer ciegos, de que este trabajo que hace de la criminalización a los defensores es grande”, dijo uno de los entrevistados en el informe.

Además, la intervención de teléfonos de personas involucradas en estas organizaciones continúa siendo uno de los factores denunciados; situación anteriormente denunciada por el medio de comunicación El Faro.

Mujeres y jóvenes

El informe destaca que las dos poblaciones más vulnerables en El Salvador son las mujeres y los jóvenes.

Las mujeres reciben amenazas a la vida, estigmatización, acoso sexual y ataques a la reputación.

En el marco del régimen de excepción, los jóvenes tienen miedo de sufrir detenciones arbitrarias, siendo la población más afectada hombres de entre 18 y 30 años, según datos anteriores de Cristosal.

El informe cierra sus conclusiones destacando que es el Estado el principal perpetrador de las violaciones a los derechos humanos.

“En todos los sectores, el factor común es que el principal vulnerador de los derechos de libre expresión, participación y asociación es el Estado, quien debería ser el garante y potenciador del trabajo sinérgico de las organizaciones como gestores de proyectos que benefician a la población en general”.