EscucharEn un giro sorprendente, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, quien había sido excarcelado de la prisión La Modelo a principios de esta semana, fue devuelto a su celda de máxima seguridad la mañana de este miércoles.
Según el diario el Confidencial, esto se produce después de que no se lograra un acuerdo para su liberación definitiva, a pesar de las negociaciones entre el Vaticano, el Gobierno y la Conferencia Episcopal.
El medio de comunicación sustenta su publicación de fuentes eclesiales y diplomáticas que revelaron que el Vaticano envió a un representante de su Secretaría de Relaciones Exteriores a Managua para llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno de Nicaragua.
Sin embargo, monseñor Álvarez no aceptó los términos impuestos para su destierro y exilio, ya que insiste en su libertad incondicional y la liberación de todos los sacerdotes encarcelados.
Según una fuente vinculada a la Iglesia, monseñor Álvarez solo consideraría el exilio si el papa Francisco se lo pidiera o lo ordenara, y hasta el momento eso no sucedió en las conversaciones mantenidas esta semana con el representante diplomático del Vaticano.
El cardenal Leopoldo Brenes calificó como “pura especulación” la noticia de la excarcelación de monseñor Álvarez y confirmó que permanece en la cárcel La Modelo, donde no tuvo contacto directo con el obispo, aunque miembros de su familia sí pudieron visitarlo.
Mientras tanto, el régimen de Ortega mantiene detenidos en La Modelo a otros sacerdotes, incluyendo a Leonardo Urbina y Manuel García, condenados por presuntos delitos comunes, así como al sacerdote Jaime Montesinos, acusado de “menoscabo a la soberanía nacional”.
Además, los sacerdotes Pastor Rodríguez y Leonardo Guevara están bajo investigación por presunto lavado de dinero, con sus cuentas bancarias congeladas, mientras se encuentran detenidos en un “seminario por cárcel”.
Monseñor Álvarez exige la liberación de todos los sacerdotes encarcelados y el descongelamiento de las cuentas de las diócesis de la Iglesia católica, demandas que fueron rechazadas por el Gobierno.
La situación de monseñor Álvarez y los demás sacerdotes detenidos genera preocupación tanto a nivel nacional como internacional, en medio de la creciente represión y la violación de los derechos humanos en Nicaragua.
La comunidad internacional y los defensores de los derechos religiosos instan al Gobierno de Nicaragua a respetar la libertad de expresión y la libertad religiosa, y a liberar a los religiosos detenidos injustamente.
Condenado a 26 años
La policía nicaragüense secuestró al obispo el 19 de agosto del 2022, luego de 16 días de asedio a la Curia de Matagalpa.
Álvarez estuvo en la curia junto a una decena de personas desde el 4 de agosto. La Policía lo sitió días después de que él denunció el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y reclamara al régimen de Daniel Ortega respeto a la “libertad” religiosa.
Las autoridades alegaron que la Diócesis de Matagalpa era investigada por intentar “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”.
Líderes religiosos de Nicaragua denunciaron en redes sociales la represalia del régimen sandinista contra Álvarez.
“No han resistido su altura moral y su coherencia profética. Rolando será libre, Dios no lo abandonará. Ellos se hunden cada día en su miedo y su maldad”, publicó en Twitter Silvio José Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua en ese momento.
Posteriormente, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, condenó en febrero pasado a 26 años y cuatro meses de cárcel al sacerdote católico Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Además, lo despojó de su nacionalidad.
La sentencia se dio a conocer un día después de que el religioso se negara a abordar el avión en el que el régimen sandinista expulsó a 222 expresos políticos del país. La pena la dictó el magistrado sandinista Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
La dictadura le achacó a Álvarez los delitos de “conspiración, menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de las funciones, agravada desobediencia y desacato a la autoridad”, informó Confidencial.
