Daniel Ortega estrena nuevos poderes al cerrar un centenar de organizaciones nacionales

La Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro deja ahora en manos del Ejecutivo de Daniel Ortega tomar medidas no solo contra las organizaciones provenientes del extranjero, sino también contra las que son nacionales.

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Independientemente de quien firme las órdenes, los argumentos siguen siendo los mismos, ya que el oficialismo acusa a las ONG señaladas de irregularidades de tipo administrativo, principalmente de no informar de su situación financiera o de no renovar sus juntas directivas.

Nicaragua encadena más de 1.500 organizaciones cerradas por orden del Gobierno, según datos recopilados por el diario La Prensa y que evidencian la creciente represión en el país centroamericano, agudizada desde las elecciones presidenciales del 2021.

Las autoridades nicaragüenses aún no han ofrecido una explicación clara sobre la cancelación de la personería jurídica de cada una de las organizaciones afectadas, debido a que las decisiones oficiales, simplemente, indican que no habían cumplido con la legislación.

Entre las ONG cerradas se incluyen asociaciones médicas y organizaciones que trabajan en protección infantil, derechos de las mujeres y la mitigación del cambio climático. Uno de los casos más recientes fue el de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta.

Otro de los casos sonados fue el de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que tras 94 años de existencia, se le canceló su credencial jurídica, luego de ser acusada por el régimen de Ortega de no registrarse como un agente extranjero.

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