El 28 de junio de 2009, Honduras despertó con un golpe de Estado. Tras varios meses de crisis política entre los poderes de la República, un grupo de soldados irrumpió de madrugada en la residencia del entonces presidente Manuel Zelaya y lo sacó a la fuerza del gobierno y del país. El mandatario fue expulsado a Costa Rica, donde permaneció exiliado, mientras que el Congreso Nacional hondureño nombró al político Roberto Micheletti como nuevo presidente de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que hubo un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y un control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. En su informe preliminar, concluyó que el golpe tuvo un impacto inmediato sobre la vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos en Honduras.
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