Los dos partidos independentistas catalanes presentaron, este martes, una resolución ante el Parlamento Regional (donde tienen mayoría absoluta) para declarar el inicio del proceso de creación de una república catalana independiente del resto de España.
"El parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república", recoge esta propuesta de resolución que debería ser votada la próxima semana en la cámara, constituida el lunes tras las elecciones regionales del 27 de setiembre.
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Estas dieron una mayoría absoluta de escaños (72 sobre 135) en el parlamento a las dos listas independentistas, la transversal coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí) con 62 diputados, y la CUP (izquierda anticapitalista) con 10 diputados.
Aunque no obtuvieron la mayoría absoluta de los votos (47,8%), los dos partidos se comprometieron a buscar un acuerdo para lanzar un proceso de independencia en esta región del noreste de España de 7,5 millones de habitantes.
Con esta resolución, presentada antes de que estos partidos se pongan de acuerdo sobre quién debe liderar este proceso —la CUP no quiere reelegir como presidente a Artur Mas, el candidato de Junts pel Sí, por su liberalismo y las sospechas de corrupción en su partido— darán por iniciado este proceso.
"Este parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", aseguran.
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Hasta el momento, el gobierno español del conservador Mariano Rajoy recurrió a este tribunal —muy criticado desde Cataluña desde que en 2010 recortó un estatuto que otorgaba amplías competencias a la región— para invalidar numerosas decisiones de las instituciones catalanas, entre ellas la convocatoria de un referéndum no vinculante sobre la independencia en 2014.
El mismo lunes, Rajoy aseguró tener previstos los mecanismos para frenar una declaración de independencia en la cámara catalana y recientemente su formación, el Partido Popular, aprobó una reforma del Tribunal Constitucional que permitiría al alto tribunal suspender las autoridades o empleados públicos que no respeten sus decisiones.
En la resolución, los partidos declaran "la voluntad de iniciar negociaciones" para hacer efectiva la independencia de la región y "lo pone en conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional".
También instan a empezar a tramitar la creación de la administración tributaria y del sistema de seguridad social del hipotético Estado independiente.
