“La Patria Milagro empieza en el mar. Por eso, he tomado decisiones históricas para fortalecer nuestra soberanía y convertir a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en un centro estratégico marítimo y logístico del Caribe”, ha señalado en sus redes sociales.
El mandatario ha fijado el 30 de noviembre la fecha para la expedición del decreto, lo cual permitirá al país “saldar una deuda histórica de 48 años”, en alusión a una ley de 1978 que ordenó delimitar el territorio del conjunto de siete islas.
“Fortaleceremos la presencia de nuestra Fuerza Pública, modernizaremos el registro de embarcaciones bajo bandera colombiana, impulsaremos la infraestructura portuaria, la pesca artesanal, el turismo náutico y la generación de empleo”, ha agregado en sus redes sociales", ha agregado De la Espriella.
El dirigente colombiano ha asegurado que el Ejecutivo está “decidido a defender hasta el último rincón de nuestro territorio”. “¡Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a un pescador!”, ha zanjado.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se ha hecho eco del anuncio, recalcando que el fallo de la CIJ de 2012 --que reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero amplió la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas en todos los puntos de la frontera en el Caribe-- “es inaplicable en su literalidad”.
“Colombia llegó a La Haya con la tarea mal hecha. (El expresidente Alfonso) López Michelsen, que sí entendía el problema de fondo, ordenó trazarlas en la Ley 10 de 1978. Se hizo años más tarde para la costa continental, pero nunca para el archipiélago (...) Cuando los jueces miraron el mapa no vieron un archipiélago. Vieron un reguero de puntitos en el mar. No vieron un territorio que Colombia hubiera administrado y defendido como una sola cosa, porque nunca nos tomamos el trabajo de demostrarlo”, ha señalado en sus redes sociales.
El ministro ha asegurado que “con Nicaragua, habrá diálogo de buena fe sobre el fallo”, si bien partiendo de sus tesis de que “los límites de Colombia son inalienables”.
La CIJ ratificó en 2023 su fallo once años antes, al determinar que “Nicaragua no tiene derecho más allá de las 200 millas naúticas contadas desde su costa”, después de que el país centroamericano solicitase una ampliación de su plataforma continental en el Caribe alegando derechos sobre el lecho y subsuelo marino más allá de esa extensión.
El Gobierno de De la Espriella pretende que las aguas entre las islas del archipiélago sean consideradas aguas interiores colombianas, si bien la sentencia de 2012 dejó parte de esos espacios dentro de la zona económica exclusiva de Nicaragua, concediendo así a este país derechos soberanos sobre los recursos naturales y determinadas competencias, pero no soberanía plena sobre el mar.
