La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) criticó fuertemente la "Estrategia Nacional de Empleo y Producción" anunciada por el gobierno la mañana de este jueves.
El plan fue catalogado por los empresarios como confuso, carente de elemenos económicos y generador de dudas. Ronald Jiménez, presidente de Uccaep, aseguró que lo más grave, fue el crear una iniciativa que no contemplara la opinión del gremio empresarial.
Las contrataciones de abril tuvieron una base amplia e incluyeron empleos con salario alto, indicaron los especialistas. (Archivo)
"El sector privado genera el 85% del empleo del país y en la estrategia del Ministerio de Trabajo no fue consultado el gremio. Es increíble que una iniciativa que busca generar empleos no sea consultada con el mayor generador de empleo del país", alegó Jimémez.
A su criterio, el empleo no se genera por decreto, sino que es producto de una serie de políticas que deben atenderse para mejorar el clima de negocios.
Sobre este punto, la Uccaep asegura que entregó al presidente Solís una agenda con 10 temas que debían ser atendidos para impulsar el país hacia el desarrollo, factores que están ausentes en el documento presentado esta mañana por Víctor Morales, ministro de Trabajo.
"El sector productivo requiere seguridad jurídica, tarifas competitivas en energía y combustibles, mejor infraestructura y estabilidad económica. Estos puntos, por citar algunos, no fueron incluídos", dijo el jerarca.
Para Renato Alvarado, de la Cámara de la Agricultura, el no haber consultado a un sector como el agropecuario, por ejemplo, es inaceptable. A modo de ejemplo, Alvarado citó que en cuatro años, dicho sector pasó de emplear 280.000 trabajadores a tener una planilla de 220.000.
"Es un error no habernos tomado en cuenta, necesitamos acciones claras. Una Política de Empleo debe ser consultada con los representantes de trabajadores y empleadores. Lo cual no se llevó a cabo en este proceso", comentó Alvarado.
Uccaep también llamó la atención sobre la ausencia de políticas del Ministerio de Trabajo para poner a derecho a las empresas informales; también generadoras de empleo.
