La producción de piña rosada en Nicaragua, cuya variedad pertenece exclusivamente a Fresh Del Monte, generó cuestionamientos sobre las posibles acciones legales que podría emprender la multinacional. Dos especialistas consultados por La Nación plantearon posibles escenarios.
Los abogados Julio Vargas Solano y Zayde Chahín explicaron que las patentes de desarrollo de productos tienen límites territoriales, con lo cual la defensa de una eventual infracción de propiedad intelectual puede enfrentar obstáculos.
El caso del cultivo de piña rosada trascendió en medios nicaragüenses a inicios de mayo. Según las publicaciones Bernar Miranda, quien fue presentado como un productor costarricense radicado en Nicaragua desde hace 20 años, impulsa la producción de esta variedad. El cultivo se desarrolla en la comunidad La Esperanzita, ubicada en el municipio de Nueva Guinea, Región Autónoma del Caribe Sur (RACS).
Fresh Del Monte fue enfática en que de identificarse y confirmarse cualquier producción, comercialización o distribución no autorizada de esta fruta, se procederá a valorar el procedimiento legal hacia los vendedores o productores de piña rosada ante las autoridades pertinentes.
Fresh Del Monte invirtió $20 millones en un proceso de investigación que se extendió durante 17 años. En agosto de 2015, la Oficina de Patentes de Plantas de Estados Unidos otorgó la patente de esta variedad bajo el nombre Rosé, asignada a Del Monte Fresh Produce. Los inventores registrados son Ebrahim Firoozbady y Thomas R. Young.
Según el registro de títulos de protección de obtenciones vegetales publicado por la Oficina Nacional de Semillas (ONS) de Costa Rica, la piña rosada obtuvo el certificado de protección de la obtención vegetal el 3 de agosto de 2018 con el número RVP-18-Piñ-01-001, bajo la denominación Rosé.
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Posibles acciones a ejecutar
Julio Vargas Solano, socio director del bufete García & Bodán Costa Rica, explicó que las protecciones a la propiedad intelectual, como la patente y el título de obtención vegetal, son territoriales.
Si estas protecciones no están registradas en Nicaragua, “en principio, la protección obtenida en Costa Rica y Estados Unidos no abarcaría este país”, indicó Vargas.
No obstante, si Del Monte considera que la variedad se está explotando sin autorización en Nicaragua, podría tratarse de una infracción a sus derechos. “Probarlo en los tribunales de Nicaragua y hacer valer su derecho puede resultar bastante complicado”, afirmó.
Vargas señaló que lo primero sería realizar una investigación para comprobar que se trata de la misma variedad. Si así fuera, la empresa podría enviar comunicaciones, a través de sus asesores legales, a los productores implicados para notificarles sobre la infracción y otorgarles un plazo para cesar el uso de la variedad.
A partir de ahí, Del Monte podría presentar acciones legales en los tribunales nicaragüenses. “Habría que convencer a un juez de que se está llevando a cabo la infracción para que ordene el cese de uso de la variedad, junto con una indemnización por daños y perjuicios”, agregó.
Además, Vargas indicó que también se podría presentar una acción por competencia desleal, al estar utilizándose sin autorización un derecho de propiedad intelectual sin ninguna retribución al titular legítimo.
Por su parte, Zayde Chahín, abogada especialista en Propiedad Intelectual, coincidió que estos derechos, como el otorgado por la ONS y la patente registrada, solo tienen validez dentro de las fronteras de los países que han concedido la protección.
“La patente u otras protecciones que existan, como el certificado de obtentor de variedades protegidas, solamente tienen vigencia en el país que ha otorgado la protección como tal”, explicó Chahín.
La especialista destacó que el derecho de propiedad intelectual se agota cuando la variedad, planta o fruto es adquirida directamente y de forma legítima de quien posee la protección y está autorizado para comercializarla.
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Sin embargo, si la producción en Nicaragua busca exportarse a mercados donde la variedad sí cuenta con protección, los productores deberán demostrar que adquirieron las plantas de manera legítima.
Chahín explicó en que el primer paso debe ser que la empresa envíe cartas de cese y desistimiento a los productores, advirtiendo que se trata de una variedad protegida y que cualquier comercialización en territorios donde existe protección debe realizarse mediante un título que demuestre que el derecho de Fresh Del Monte ha sido agotado.
