Un proyecto de ley impulsado por la diputada oficialista Marta Esquivel plantea exigir a la Cruz Roja a rendir cuentas sobre el uso y destino de los fondos públicos que reciba, así como de los bienes muebles e inmuebles y servicios que las entidades o instituciones estatales le donen. Actualmente, la legislación no establece esa obligación.
Esta iniciativa legal oficialista cobra relevancia a la luz de las declaraciones dadas el 7 de octubre por la presidenta Laura Fernández y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial.
Ambos cuestionaron una aparente falta de rendición de cuentas de la organización humanitaria en el uso de los recursos públicos que recibe cada año.
La entidad afirmó que tienen un compromiso con la transparencia y la administración responsable de los recursos. También aseguraron que entregan informes de ejecución a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República (CGR).
Además, expresaron apoyo al plan de Marta Esquivel.
Durante el año pasado, el 50% de los ingresos de la Cruz Roja provinieron de recursos públicos, equivalentes a ¢12.308 millones de los ¢24.879 millones que percibió en total.
¿Qué modifica el proyecto?
El proyecto de ley presentado por Esquivel, bajo el expediente 25.787, busca reformar la Ley que Autoriza Estado donar bienes y subvencionar Cruz Roja (N.° 4478), para fortalecer el financiamiento de la organización y establecer nuevas obligaciones de rendición de cuentas sobre los fondos públicos que reciba.
La legislación vigente se limita a exigir un acto motivado del máximo jerarca de la entidad donante, sin establecer requisitos sobre la justificación, ejecución o fiscalización posterior de los fondos. La propuesta amplía esas condiciones e incorpora un artículo sobre transparencia y control de los aportes.
Antes de entregar los recursos, las instituciones públicas deberán justificar la finalidad de interés público, la disponibilidad jurídica y presupuestaria, la razonabilidad de la medida y que la transferencia no comprometa sus servicios. Cada aporte deberá precisar la entidad donante, el monto, el destino, el plazo de ejecución y las reglas de rendición de cuentas.
La Cruz Roja, por su parte, deberá llevar registros contables y documentales individualizados sobre el ingreso, uso y destino de cada aporte. Si los fondos no se utilizan para el fin establecido o no se acredita su aplicación, deberá reintegrarlos a la entidad donante.
La ejecución estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría y a los controles internos de las instituciones donantes.
Cuestionamientos desde el Ejecutivo
Durante la conferencia de prensa del pasado 7 de octubre, Fernández se refirió a la situación de la Cruz Roja y aseguró que no es una institución pública que rinde cuentas sobre los fondos públicos que recibe.
“La Cruz Roja no es una institución pública; es una asociación de naturaleza privada. Al ser privada (...) no depende de mí. Se cumple un fin público muy importante, que es altruista, de servicio, etc., pero no depende de mí. (...) El gasto que hace la Cruz Roja, cómo invierte, qué salarios paga, qué trabajo hace, a mí no me rinde cuentas, yo no le marco metas y no le fijo objetivos”, apuntó Fernández.
Por su parte, Chaves señaló que se girarían ¢1.500 millones adicionales para aportar liquidez a la entidad. No obstante, cuestionó que un debate previo a esta decisión enfrentó a diputados oficialistas y de oposición por la rendición de cuentas sobre esos recursos.
“Esos son recursos públicos y, por lo tanto, bajo la ley actual, todas las entidades que reciben recursos públicos tienen que usarlos de acuerdo co la normativa correspondiente. Hubo un debate muy relacionado a este en que partidos de oposición dijeron: ‘Ah, no, aunque la plata sea pública, se le pasa y la maneja la Cruz Roja como bien le venga’”, señaló Chaves.
“Los diputados de gobierno, de manera muy responsable, dijeron: ‘El dinero de los contribuyentes se manejará de acuerdo con lo que establecen las leyes que demandan procedimientos específicos para esos dineros’. Y entonces los opositores al gobierno de doña Laura tejieron ambos argumentos diciendo que nosotros no queremos a la Cruz Roja. Eso es una mentira enorme”, agregó.
Benemérita asegura rendir informes y apoyar el proyecto
Ante consultas de este diario, la Cruz Roja aseguró, mediante su departamento de prensa, que mantiene mecanismos de control sobre los fondos públicos que recibe.
“La Cruz Roja Costarricense rinde cuentas sobre los fondos públicos que recibe ante los entes de control y fiscalización del Estado. Como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la administración responsable de los recursos, presentamos informes periódicos ante la Contraloría General de la República, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, los ministerios y otras entidades públicas”, sostuvo la entidad.
“Nuestros estados financieros se auditan externamente cada año. Asimismo, nuestra información financiera está publicada en la página web institucional, de modo que cualquier persona pueda consultarla y revisarla”, añadió.
Este diario consultó si haría alguna referencia directa a lo señalado por la mandataria y el jerarca durante la conferencia de prensa; sin embargo, la entidad reiteró que se refirió a sus prácticas de transparencia y no a esos comentarios.
Sobre el proyecto de ley N.° 25.787, impulsado por la diputada Esquivel, la institución manifestó su respaldo y consideró que la iniciativa favorecería su labor humanitaria al ampliar las vías para recibir recursos y bienes de instituciones públicas, dentro de sus competencias legales.