A partir de marzo del 2025 entrarán en vigencia las nuevas reglas propuestas por Superintendencia de Pensiones (Supén) para las pensiones del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). La iniciativa sugiere dividir a los afiliados en cuatro grupos según su edad y nivel de riesgo, conocidos como fondos generacionales. Esta estrategia busca optimizar la administración del dinero de 3 millones de trabajadores y 42.000 jubilados.
- Fondo A: Para nacidos antes de 1970, incluyendo trabajadores y jubilados, con una estrategia de inversión conservadora.
- Fondo B: Para los nacidos entre 1970 y 1979, con un enfoque moderado en la inversión.
- Fondo C: Dirigido a quienes nacieron entre 1980 y 1989, también con una política de inversión moderada.
- Fondo D: Para los más jóvenes, nacidos en 1990 en adelante, con una estrategia de inversión más agresiva.
Cada grupo contará con una política de inversión adaptada a su perfil de riesgo. Por ejemplo, los más cercanos al retiro tendrán un enfoque más conservador para mitigar las fluctuaciones del mercado de valores. En cambio, los más jóvenes podrán optar por inversiones con mayor riesgo, buscando un rendimiento superior para incrementar sus fondos de pensiones.
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Importancia y beneficios del cambio
Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, destacó que el cambio estructural propuesto no solo diferenciará los rendimientos según el grupo etario, sino que también podría incrementar el patrimonio de los trabajadores entre un 5% y un 15% al momento de su retiro. Además, el plan no implica un cambio en las comisiones de administración que cobran las operadoras de pensiones complementarias, manteniendo la tasa máxima actual del 0,35%.
Proceso de implementación
Durante el 2024, las operadoras de pensiones complementarias (OPC) y la Supén comenzarán el proceso de ajuste para implementar la nueva estructura del ROP en el país.
La Superintendencia precisó que realizará un diagnóstico a los agentes promotores de pensiones complementarias para conocer cuáles áreas deben fortalecer mediante capacitación. En enero se hizo la primera evaluación voluntaria en temas como planes de acumulación y beneficio, sanciones, libre transferencia y traslado de recursos, entre otros.
