La entidad salió al paso de acusaciones de la fundación Marviva, la cual denunció este jueves supuestas anomalías del Senasa al tramitar permisos para exportación de tiburón a México, Taiwán y Hong Kong, “sin contar con facultades para eso”.
Los trámites se habrían dado entre el 24 de noviembre del 2020 y el 7 de enero del 2021, para 11 solicitudes de exportación de especies de tiburón protegidas por el Apéndice II de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).
El problema es que esas autorizaciones se tramitan, aseveró Marviva, luego de que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia comunicara una sentencia en la cual anuló un decreto y todos sus actos y actuaciones conexas, emitido en el 2017, donde se autorizaba al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), como ente técnico, y al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como autoridad administrativa, para el tema.
El MAG había emitido, posteriormente, otro decreto mediante el cual cumplía con la exigencia de designar una entidad como autorizada administrativa para estos procedimientos. Ahí fue donde se designó al Senasa, pero al ser conexo al decreto original, Marviva considera que quedó eliminado con la sentencia.
La comunicación de la sentencia de la Sala Primera, explicó Marviva, es de fecha de noviembre del 2020. Además, Costa Rica ratificó la Convención CITES desde 1975, la cual tiene como objetivo regular el comercio internacional de especies silvestres en situación de amenaza para asegurar su conservación.
Por su parte, Senasa indicó que, si bien el decreto ejecutivo N° 40379-MINAE-MAG, denominado “Reforma Regulación de la Autoridad Administrativa y Autoridades Científicas de la CITES” del 28 de abril de 2016, fue sometido a un proceso contencioso administrativo, “en la disputa judicial el Senasa no fue parte y por ello no fue notificado de las resoluciones que se emitieron en dicho proceso”.
“Es hasta el día 9 de febrero de 2021 en que se publicó la Resolución N° 002005-F-S1, en el Alcance N° 28 a La Gaceta N°27, momento en que el Senasa conoce el resultado del proceso judicial”, agregó la entidad.
De acuerdo con Senasa, en dicho proceso la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso de casación, estableciendo la disconformidad con el ordenamiento jurídico del decreto mencionado y declarando su nulidad con alcance general, salvo eventuales derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.
“Así como se informó a través del oficio SENASA-DG-123-2021 del pasado 4 de febrero a la Fundación Marviva, el último certificado emitido por Senasa como autoridad administrativa se realizó el día 7 de enero de 2021, habiéndose emitido antes de la publicación de la Resolución N° 002005-F-S1″, concluyó la entidad.
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