EscucharLa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó la adhesión de Costa Rica en el Comité de Política Regulatoria, un tema relacionado con la cantidad de trámites requeridos para gestiones en las entidades públicas.
De esa manera, Costa Rica tiene aprobados ya siete de los 22 comités establecidos para las evaluaciones en el proceso de adhesión a la OCDE.
Los aprobados anteriormente son Comité de Comercio, Comité de Salud, Comité de Agricultura, Comité de Política Educativa, Comité de Política Científica y Tecnológica y Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales.
Un comunicado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), ente coordinador de la política regulatoria, resaltó los avances que se han dado en algunas regiones, como la del Pacífico Central, donde en el procedimiento para la formalización de empresas se pasó de 37 a 10 días hábiles. Además, se generó un formulario único y una ventanilla única, sin necesidad de que el ciudadano se traslade a otras instituciones.
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El MEIC incluyó en el comunicado avances logrados también en la región Chorotega, donde se pasó de 40 a 7 días el plazo para obtener la licencia comercial; se bajó de 27 a 12 los requisitos y de 8 a 4 las visitas a las instituciones, logrando una reducción de 61% en los plazos de resolución, 44% de los requisitos, 53% de costos para el usuario y 39% para la administración.
El MEIC informó, además, de que se inició un proyecto de medición de cargas administrativas y, como plan piloto, se aplicó la Metodología de Costeo Estándar en las 10 Municipalidades de la región Pacífico Central, donde se identificaron los requisitos, tiempos, los pagos, esperas y traslados a oficinas públicas.
Detalló que se lograron las siguientes reducciones: 5% menos requisitos (29 a 16 requisitos); 77% reducción del plazo de resolución y de recolección de la información (49 a 11 días); 50% de reducción de la carga administrativa y se libera un costo de oportunidad promedio mensual de $9.354.
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Como parte de los avances, se destacan también la digitalización de servicios y trámites de alcance nacional que facilitan la gestión para el ciudadano.
