EscucharEl balance de seis meses del gobierno de Javier Milei arroja dos resultados opuestos pero, a la vez, entrelazados. Por un lado, el gobierno evitó la temida alza de la inflación y el ritmo de incremento de los precios exhibe una sostenida desaceleración. Sin embargo, el ajuste fiscal de dimensiones inéditas aplicado para desactivar la bomba heredada de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner viene provocando derrumbes en los niveles de actividad y consumo que no se veian desde el estallido económico de 2001.
Hacia adelante, la principal interrogante es si el enorme esfuerzo social que están realizando los segmentos de ingresos medios y bajos será suficiente para dejar a la crisis definitivamente atrás o si los desequilibrios heredados, sumados a los que se fueron generando en estos seis meses, derivarán en una nueva ronda de ajustes.
“Hay una baja de la inflación más rápida de lo que incluso preveía el gobierno, pero una recesión también mayor a la esperada. En ese marco, la gran pregunta es si serán necesarios nuevos ajustes. Cuando asumió, el ministro de Economía (Luis) Caputo señaló que había dos etapas en el plan de estabilización: una primera de emergencia en la búsqueda del equilibrio fiscal y el sinceramiento de precios relativos, y otra segunda fase más definitiva”, dijo a El País el economista Luis Secco, director de Perspectivas Económicas.
“Todavía estamos en la primera etapa dado que faltan precios por sincerar, pero la sensación generalizada es que aún no está claro cómo será la segunda fase del plan una vez superada la emergencia”, agregó Secco.
Tal como había prometido en campaña, Milei viene aplicando un drástico ajuste del gasto público, ”el más grande en la historia de la humanidad”, según el propio presidente, con el objetivo principal de desactivar la emisión de pesos argentinos destinada a financiar el déficit del Tesoro.
Para eso, si bien usó la tantas veces esgrimida motosierra, la mayor porción del recorte de gastos en el estado se concretó mediante la utilización de otros dos elementos simbólicos: la licuadora y la bicicleta. La licuación del gasto público en términos reales frente a una inflación que acumula 115,6% desde diciembre pasado y la postergación de pagos permitieron pasar de un déficit fiscal acumulado del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) registrado en 2023 a un superávit del 0,2% del PIB en el primer cuatrimestre de este año.
“En estos seis meses lo que podría destacarse como un avance es haber alcanzado el equilibrio fiscal, algo que no es un objetivo en sí mismo sino un medio. De todos modos, la composición del ajuste no es justa”, dijo el economista Guido Zack, director del centro de investigación Fundar.
En el proceso de licuación, los jubilados sufrieron el mayor recorte. De la reducción total del gasto en el primer cuatrimestre del año, las jubilaciones y pensiones soportaron el 35%; la inversión real directa dirigida a obras de infraestructura, el 15%; las transferencias a provincias, el 14%, y los subsidios a la energía, con la contrapartida de un fuerte aumento de las tarifas, el 8%, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
La carga del ajuste direccionada hacia jubilados, obras públicas, fondos a provincias que incluyen recursos para educación y salarios de empleados públicos se contrapone con el lanzamiento de un generoso blanqueo de capitales y la intención de reducir las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales, que grava el patrimonio de los grandes contribuyentes en el país y en el exterior.
En la búsqueda del equilibrio fiscal, el gobierno de Milei tampoco apeló a eliminar, al menos en forma parcial, la larga lista de exenciones tributarias y regímenes de promoción que permiten a empresas y personas no pagar impuestos en Argentina. Esos tratamientos impositivos diferenciales implicaron el año pasado una pérdida de recaudación del 2,49% del PIB, el equivalente a más del 90% del déficit fiscal primario, antes del pago de deuda, registrado el año pasado.
Sostenibilidad en duda
La estrategia con la que fue alcanzado el superávit fiscal en los primeros meses del año abre dudas en torno a si el resultado positivo de las cuentas públicas podrá mantenerse en el segundo semestre.
Por un lado, el éxito del gobierno en su objetivo de desacelerar la inflación, que pasó desde el pico del 25,5% de diciembre al 4,2% en mayo, deriva en que la disolución del gasto en términos reales vaya perdiendo fuerza. A eso se agrega que la drástica poda viene provocando crecientes reacciones sociales y la postergación de pagos ya exhibe sus límites.
En todo caso, las dudas sobre la sostenibilidad no se limitan al superávit fiscal, sino también al esquema cambiario. Tras la brusca devaluación de diciembre pasado que implicó un salto del dólar oficial del 118%, el gobierno de Milei viene convalidando mini correcciones de apenas el 2% mensual.
El problema de esa estrategia, que busca convertir al tipo de cambio en un ancla para frenar el alza del resto de los precios, es que la inflación acumulada desde diciembre ya borró casi la totalidad de las ventajas cambiarias obtenidas por la última devaluación.
De hecho, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), un índice elaborado por el Banco Central que mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto a los de los principales 12 socios comerciales del país, registra un nivel similar al de octubre del año pasado, cuando el por entonces ministro de Economía y candidato Sergio Massa mantenía retrasado artificialmente el valor del dólar para no impulsar aún más a la inflación antes de las elecciones.
Entre otros efectos, el creciente atraso del tipo de cambio viene complicando otro de los objetivos centrales del gobierno: la acumulación de reservas en el Banco Central, condición clave para levantar el cepo cambiario.
En plena temporada alta de la cosecha de soya, la cotización del dólar no está incentivando la liquidación de los productores agropecuarios, lo que viene limitando las compras de divisas que efectúa el Banco Central en la plaza mayorista. Con eso, si bien las reservas netas (aquellas realmente disponibles) pasaron de registrar un saldo negativo de $11.000 millones en el comienzo de la actual gestión a un terreno neutro en la actualidad, esa mejora está lejos de despejar las incertidumbres cambiarias, más aún cuando por razones de estacionalidad el ingreso de divisas en Argentina empieza a delimitarse a partir de agosto.
“Asumimos un costo muy elevado en estos seis meses para estar en una situación similar a la que estábamos hace un año, con niveles de inflación parecidos, un tipo de cambio que empieza a lucir atrasado y tarifas que no terminaron de ajustarse. La sensación es que esta etapa del plan económico ya dio todo lo que tenía para dar. Según las expectativas del mercado, el proceso de desinflación se habría frenado en torno al 5% mensual, con lo que la situación pide a gritos pasar a la siguiente etapa”, dijo Zack.
Si bien indicadores clave como las ventas minoristas, la actividad industrial y la construcción reflejan que la caída libre del primer cuatrimestre se frenó en mayo, aún no se perciben señales de un rebote desde ese pozo. Ese contexto amenaza con cristalizar un cuadro social alarmante.
El último índice de la Universidad Torcuato Di Tella mostró en abril pasado que el 48% de la población urbana estaba por debajo de la línea de la pobreza. En los primeros cinco meses del año la recaudación de impuestos del Sistema de Seguridad Social, que refleja la evolución del empleo y de los salarios, se desplomó 19,7% frente al mismo lapso de 2023.
“El punto de partida de análisis de los primeros seis meses de gestión es que después de mucho tiempo hay en Argentina un gobierno muy resuelto a hacer los ajustes y a no seguir pateando los problemas para adelante. No obstante, si bien probablemente se haya llegado a un nivel piso, la recuperación asoma lenta”, refirió Secco.
Añadió que “el tipo de cambio menos competitivo frena el posible crecimiento vía exportaciones, el aumento de las inversiones sigue supeditado a cómo avancen el plan económico y las leyes que se debaten en el Congreso, y el consumo privado necesita de un aumento del empleo y del salario real bastante más fuerte del que por ahora luce posible. A la recuperación de la economía es difícil encontrarle fuerza”, concluyó.
Los desafíos de Milei
Entre los desafíos que enfrenta Milei están la situación social. Luego del shock inicial, el gobierno se enfrenta a un desfiladero estrecho. Por un lado, el delicado panorama social no parece resistir nuevos ajustes y por el otro, la luna de miel de los mercados financieros empieza a quedar atrás y asoma cierta impaciencia ante las demoras para pasar a la siguiente fase del plan económico.
Hasta fines de 2025, Argentina deberá hacer frente a vencimientos de deuda por unos $17.500 millones obligaciones que no podrá cubrir si antes no logra acceder a los mercados. Además, el creciente atraso del tipo de cambio viene complicando otro de los objetivos centrales del gobierno que es acumular reservas, que posibiliten poner fin al control cambiario.
La aprobación de la Ley de Bases puede traer aire al gobierno. Entre ellos, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que habilita ciertas privatizaciones y contiene una reforma laboral.
