Costa Rica es señalada como la peor nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para abrir un negocio, debido a los múltiples trámites que un empresario o emprendedor deben realizar en instituciones públicas.
El informe de Indicadores de Regulación del Mercado de Productos, 2023-2024 (PMR, por sus siglas en inglés), presentado el 10 de julio, posicionó al país en el último puesto, de un total de 47 naciones evaluadas, dentro del indicador de trámites burocráticos para nuevas empresas.
“Las cargas administrativas para las nuevas empresas siguen siendo altas en muchos países, como Costa Rica y Bulgaria. Estos países carecen de procedimientos simplificados para el registro de negocios, y los emprendedores deben contactar a múltiples organismos públicos para completarlos”, señala el informe, que tiene por objetivo medir cómo la regulación favorece o perjudica la competitividad.
En este indicador particular, Costa Rica alcanzó una puntuación de 3,45 en una escala de 0 a 6, donde los valores más bajos indican una regulación más favorable a la competencia. En contraste, el promedio de los países de la OCDE es de 1,34, lo que significa que Costa Rica supera en 2,5 veces la media de la organización.
Canadá y Grecia obtuvieron los mejores resultados, con puntuaciones de 0,34 y 0,66, respectivamente. Según el estudio, esta calificación se debe a que ambos países cuentan con una ventanilla única en línea, donde los emprendedores pueden acceder a toda la información necesaria y completar todos los procedimientos para iniciar una empresa en un solo lugar.
En el estudio de 2018-2019, Costa Rica obtuvo una puntuación de 3,90 y se ubicó en la posición 44, superando a Bulgaria, Croacia y Turquía, que se encontraban en puestos inferiores. No obstante, en la edición de este año, esas tres naciones mejoraron sus calificaciones, lo que provocó que Costa Rica descendiera a la última posición.
Por ejemplo, Croacia tenía un puntaje de 4,13 hace cinco años, pero ahora mejoró a 1,76. Este avance le permitió escalar hasta el puesto 24 en el informe más reciente, mientras que en el reporte 2018-2019 ocupaba el puesto 46.
La OCDE realiza el estudio sobre regulaciones de mercado desde 1998, y lo actualiza cada cinco años.
En la edición de este año, se analizaron 47 naciones, incluyendo los 38 países miembros de la OCDE. Costa Rica fue incluido por primera vez en el informe de 2018-2019, mientras finalizaba su proceso de adhesión a la Organización, el cual se concretó en 2020.
LEA MÁS: Solo 6 cantones en Costa Rica son altamente competitivos: ¿está el suyo en los primeros lugares?
En el informe general de Indicadores de Regulación del Mercado de Productos, Costa Rica se ubicó en el puesto 42 de un total de 47 países, tanto en el estudio de 2023-2024 como en el de 2018-2019, con puntuaciones de 2,07 y 2,33, respectivamente.
La evaluación se compone de 23 indicadores distintos, todos relacionados con la competitividad, organizados en dos subgrupos: uno enfocado en las distorsiones causadas por la participación estatal y otro en las barreras para la creación de empresas, ya sean nacionales o extranjeras.
‘Ambiente de negocios amigable’
En respuesta a una consulta de La Nación sobre los resultados del informe, Francisco Gamboa, jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), aseguró que el documento se basa en datos recopilados antes de la llegada de la actual administración de Rodrigo Chaves, la cual asumió el mando el 8 de mayo del 2022.
“Ese reporte de la OCDE es una foto del 2022, o sea no contempla las mejoras hechas por distintas instituciones en los últimos dos años. Ese es un reporte del estado de las cosas, como las encontramos cuando asumimos la administración, en mayo del 2022”, aseguró.
No obstante, el informe de la entidad multilateral y las bases de datos descargables gratuitamente, indican que la información utilizada para construir todos los indicadores PMR se refieren a las leyes y regulaciones vigentes al 1.º de enero de 2023, tal como ocurrió en el caso de Costa Rica. Además, en nueve naciones, como los Países Bajos, Estados Unidos y Hungría, el corte de la información se realizó al 1.º de enero de este año.
Gamboa afirmó que el entorno para la creación de nuevos negocios es actualmente más ágil y favorable. Según él, se han eliminado 140 trámites en la administración pública.
Negó que el estudio de la OCDE refleje una pérdida de competitividad empresarial en el país, pues el propósito es identificar oportunidades para mejorar la regulación.
“Existía (un exceso de regulación) cuando asumimos la gestión. Hoy hay un ambiente de negocios amigable con la actividad productiva y el emprendimiento”, dijo el ministro.
El Ministerio de Economía es por ley el rector de las políticas públicas de Estado en fomento de iniciativas privadas, desarrollo empresarial y competitividad.
A pesar de la explicación de Gamboa, en un análisis específico de Costa Rica, el organismo multilateral examinó 17 indicadores relacionados con la actividad económica, de los cuales solo cuatro se situaron por debajo del promedio de la OCDE.
“Aún existe un potencial significativo para hacer que el marco regulatorio de Costa Rica sea más propicio para la competencia. Las áreas clave de mejora incluyen simplificar los requisitos administrativos para establecer nuevas empresas, flexibilizar los controles de precios minoristas y reducir las barreras de entrada y competencia en los sectores de energía, transporte y telecomunicaciones electrónicas”, se indicó en el estudio.
Camino pendiente
Víctor Umaña Vargas, economista especializado en competitividad, explicó que la pertenencia de Costa Rica a la OCDE le permite compararse con países que están mucho más avanzados en la simplificación de trámites.
“Costa Rica tiene una inercia regulatoria que promueve la implementación de más y más trámites, sin que el Estado hiciera un análisis costo-beneficio. Tal vez el efecto de la regulación lleva una buena intención, pero el efecto es negativo”, destacó el exdirector del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), de Incae Business School.
Señaló que hay instituciones con una gran cantidad de trámites de documentos y fiscalizaciones in situ que ralentizan los procesos, como el Ministerio de Salud, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). “Se puede cumplir con todo, pero se requiere mucho tiempo y el tiempo es plata. Si usted es una pyme (pequeña y mediana empresa) el gerente es el mismo que produce, cobra y barre”, comentó.
Umaña añadió que el MEIC, responsable de la regulación en temas de competencia, es un ministerio con escaso poder y sin la capacidad de modificar la normativa existente.
Andrés Fernández Arauz, economista del Consejo de Promoción de la Competitividad, señaló que, aunque Costa Rica ha mejorado su puntuación en todos los indicadores desde la medición anterior (2018-2019), sigue estando entre los tres o cinco países peor evaluados en el informe de la OCDE.
“En el caso de Costa Rica, todo lo relacionado con el Gobierno Central es lo que está peor evaluado en la métrica para el país como las distorsiones en el mercado por las empresas controladas por el Estado. También salió mal evaluado en inversiones en transporte, telecomunicaciones y electricidad mucho por la influencia de la regulación”, subrayó.
Fernández comentó que la puntuación también fue mala en lo que respecta al lobby legislativo, es decir, en el cabildeo de actores interesados en influir en proyectos de ley y políticas de gobierno.