EscucharLa agricultura en Centroamérica y el Caribe se encuentra entre las más afectadas de Latinoamérica debido a la disminución de las lluvias. Según un informe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (conocido como CAF), presentado este jueves, el 93% de la producción depende de este recurso para la irrigación de los cultivos.
El Reporte de Economía y Desarrollo (RED) del CAF, agrega que la escasez de precipitaciones puede ser un grave problema para la producción a pequeña escala, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de los pequeños productores, especialmente aquellos enfocados en el autoconsumo.
En Centroamérica y el Caribe, el 64% del área de cultivos comprende explotaciones de menos de 2 hectáreas, y el 86% son explotaciones de menos de 10 hectáreas, concentrando una gran parte del empleo del sector agropecuario.
El reporte, presentado en Santa Marta, Colombia, indica que este segmento se caracteriza por la utilización de sistemas productivos tradicionales, tener un limitado acceso a financiamiento y a mercados que les permitan insertarse en las cadenas productivas agroindustriales.
Las proyecciones del RED sugieren que estas regiones, al igual que los países andinos, sufrirán en el futuro los mayores impactos negativos del cambio climático en la agricultura.
Por otro lado, el reporte señala que el sector agropecuario, silvicultura y otros usos de la tierra generan el 58% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en América Latina y el Caribe. Estas emisiones se dividen en un 38% como resultado del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, definidos por las siglas UTCUTS, y un 20% provenientes de prácticas agropecuarias, tales como la quema de residuos agrícolas, el uso de fertilizantes, el cultivo de arroz y la ganadería.
Los GEI se acumulan en la atmósfera e inciden en el cambio climático, provocando el aumento de la temperatura del planeta con consecuencias severas. Estos gases son liberados por la actividad humana a través de la quema de combustibles fósiles y actividades de uso del suelo, como la deforestación.
En el caso específico de Centroamérica, el sector de UTCUTS genera el 26% y las prácticas agropecuarias el 23% de las emisiones totales, según el informe.
Las estimaciones del RED indican que superar los 2°C de calentamiento global provocaría impactos irreversibles, como extinciones masivas de especies, inundaciones permanentes en ciertas áreas y pérdida de viabilidad de cultivos, entre otros.
Asimismo, el informe menciona que la escasez de precipitaciones podría deteriorar la generación de energía hidroeléctrica, señalando a Costa Rica entre los países más vulnerables, además de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela debido a su alta dependencia de esta fuente de energía para la generación de electricidad.
El RED se presenta en un momento en el que el fenómeno climático El Niño ha provocado un aumento de la temperatura de las aguas superficiales del océano en Costa Rica, lo que ha llevado a una reducción de los recursos pesqueros.
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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) sugiere implementar incentivos para la reducción de gases de efecto invernadero ya sea como un impuesto o mediante un sistema de comercio de emisiones (SCE). (Shutterstock)
Los incentivos
Como parte de las posibles soluciones, el RED plantea como alternativa la creación de un incentivo financiero para que los agentes reduzcan sus emisiones al menor costo posible. Esto se lograría mediante la reducción del consumo de combustibles fósiles y el desarrollo de tecnologías más limpias.
El CAF sugiere que este instrumento se puede implementar ya sea como un impuesto o mediante un sistema de comercio de emisiones (SCE).
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, señaló durante la presentación del RED que “la coordinación internacional en política climática y de biodiversidad es necesaria porque ambos son asuntos donde las acciones de cada país afectan a los demás. Con esta publicación queremos destacar que se requiere integrar estas políticas con las que promueven el crecimiento económico y la inclusión social, lo que puede dar lugar a complementariedades y tensiones que es necesario manejar articuladamente”, según refiere un comunicado de prensa.
El reporte también resalta la alternativa de implementar políticas basadas en mecanismos de mercado, como los pagos por servicios ecosistémicos, y destaca a Costa Rica y México como países pioneros en su aplicación.
El Programa por Pago de Servicios Ambientales (PSA) establecido en Costa Rica es definido como un reconocimiento financiero que otorga el Estado por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) a los propietarios de fincas que establecen plantaciones forestales, sistemas agroforestales y/o realizan proyectos de regeneración natural, protección y manejo de los bosques.
El CAF lidera la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña de Mercado Regional de Carbono (ILACC), en la que participan 13 bancos de desarrollo de la región. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo del mercado voluntario de carbono, abarcando aspectos como capacitación, regulación, incentivos, mecanismos de transparencia, financiamiento y cofinanciamiento de proyectos..
La adaptación
La ausencia de medidas de adaptación al cambio climático podría resultar en que entre 2,4 millones y 5,8 millones de personas en América Latina y el Caribe caigan en la pobreza extrema para 2030. Por lo tanto, el RED propone una serie de alternativas para abordar esta problemática.
Entre las propuestas se encuentran la promoción de prácticas de agricultura sostenible, la adopción de cultivos resistentes al estrés hídrico, las altas temperaturas y las enfermedades. También se destacan las inversiones en infraestructura, la gestión de riesgos de desastres y la implementación de medidas regulatorias, por ejemplo, en el turismo y la construcción.
El informe señala que la cantidad de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe pasó de un promedio de 28 por año durante el período 1980-1999 a 53 por año en el período 2000-2021. La población afectada aumentó de 4,5 a 7,2 millones de personas por año en los mismos períodos.
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