Un proyecto de ley que busca obligar a las entidades financieras a cubrir las pérdidas de sus clientes por estafas causa el rechazo del sector bancario por las repercusiones que podría acarrear.
Se trata del expediente 23.908, Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero, el cual se discutirá el futuro en la Asamblea Legislativa este jueves, indicó el diputado proponente y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo.
El documento fue elaborado, el año pasado, por el movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica e impulsado por el diputado.
Mientras ellos defienden la iniciativa como una forma de apoyar a las víctimas de estafa, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) insiste en que provocaría una ola de casos. Además, calificó al proyecto como una medida “simplista, irresponsable y riesgosa”.
Entre el 2023 y los primeros siete meses del año pasado, el Ministerio Público registró 4.776 denuncias por estafas informáticas en San José. Esto representa un perjuicio económico de unos ¢7.000 millones.
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Banqueros temen aumento en fraudes
La ABC sostiene que esta iniciativa podría incentivar nuevas estafas y afectar el equilibrio del sistema financiero nacional.
A juicio de la asociación, obligaría a las entidades financieras a cubrir automáticamente las pérdidas, incluso si aplicaron todas las medidas razonables para evitar el fraude.
“El proyecto de ley adopta una visión muy simplista del problema, pues parte del supuesto de que los responsables de las estafas son los bancos. En realidad, las estafas bancarias son un fenómeno de crimen organizado que afecta tanto a los clientes como a los bancos.
Lo planteado, al exigir que el banco pague, abre la posibilidad de que surjan nuevas modalidades delictivas y favorecería, en la práctica, el financiamiento de las estructuras criminales”, explicó Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.
Cubero también advirtió sobre una proliferación de esquemas donde personas simulan haber sufrido una estafa para recibir un reembolso y luego reparten el dinero con los autores del fraude.
Como ejemplo, cita el caso de una reforma aprobada en Chile, durante en el 2020, que estableció una responsabilidad similar para sus bancos.
Después de un año, los fraudes digitales se duplicaron y alcanzaron un récord que obligó a las autoridades a hacer una modificación en 2024.
“Si los bancos deben asumir por regla general los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores, en perjuicio de todos los consumidores financieros y de la economía nacional”, comentó Cubero.
Además, plantea dudas sobre la constitucionalidad del texto, al considerar que no establece un balance justo entre la responsabilidad de las entidades financieras y la de sus clientes en el uso de servicios digitales.
Ante estas críticas, Óscar Izquierdo defendió su iniciativa al alegar que el sistema actual no protege adecuadamente a los usuarios, especialmente a los adultos mayores, quienes a menudo pierden sus ahorros sin recibir respuesta oportuna por parte de los bancos.
“No resulta lógico que los bancos continúen en esta posición. Ellos reciben dinero para custodiarlo. Si alguien sufre una estafa, la responsabilidad debe recaer en quien prometió resguardar esos fondos”, expresó.
El diputado añadió que el expediente incluye mecanismos para detectar y sancionar intentos de fraude por parte de usuarios que simulan estafas.
¿Qué propone el proyecto de ley?
La conocida como Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero propone reformar tres leyes.
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor: Se pretende añadir un párrafo en el cual se señala que el banco “tendrá responsabilidad objetiva solidaria por el daño o las pérdidas materiales o económicas que se le generen a la persona usuaria y deberá indemnizar los daños y perjuicios generados cuando esta se vea perjudicada por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas”.
Ley General de la Administración Pública: Para favorecer a la víctima durante el proceso de prueba de la estafa, se establece que “relacionados con la defensa al consumidor, ambiente, fraudes electrónicos personales o de cualquier tipo de entidades bancarias o similares, tanto a nivel administrativo como judicial, regirá la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas afectadas”.