Un proyecto de ley propone que los ingresos por comisiones que percibe el Banco Central de Costa Rica (BCCR), por concepto del diferencial cambiario, sean transferidos temporalmente al Ministerio de Hacienda para cubrir parte del pago de los intereses de la deuda interna, lo que permitiría al gobierno recibir ¢60.000 millones anuales.
El diferencial cambiario corresponde a la diferencia entre el tipo de cambio de compra y venta del dólar en el mercado. Por ejemplo, si la compra es de ¢504 y la venta de ¢520, la variación sería de ¢16. Actualmente, el BCCR cobra el 25% de ese monto (¢4) a quienes transan en el mercado cambiario.
Diariamente, las entidades que operan en el mercado de divisas, a través del sistema Monex del Sinpe, reportan al Banco un detalle de sus transacciones. Con base en esa información, el sistema bancario debita automáticamente el 25% del monto, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
En el 2023, el Banco Central recaudó ¢61.939 millones por el porcentaje asignado al diferencial cambiario, según los estados financieros del ente emisor.
La iniciativa, promovida por el jefe de fracción de Nueva República, Pablo Sibaja Jiménez, plantea que Hacienda recaude ese porcentaje durante cinco años para destinarlo al pago de la deuda. Además, establece que dichos fondos no podrán ser desmonetizados y estarán exentos de la regla fiscal.
Según el proyecto, en los últimos cinco años, el BCCR financió el 80% de su presupuesto con ingresos por emisión monetaria e intereses de reservas internacionales. En contraste, el diferencial cambiario aporta solo un 8,8% y no se asigna a una partida específica, por lo que la propuesta sostiene que la medida no afectaría las finanzas ni las operaciones del Banco Central.
Róger Madrigal López, presidente del BCCR, afirmó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el 22 de enero anterior, que la entidad sí requiere y utiliza esos fondos.
Explicó que, aunque no tienen un destino específico, se invierten en subsidios otorgados por el banco, el mantenimiento de la plataforma y la administración del registro de accionistas y beneficiarios finales, además de transferencias anuales al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y a la Fundación Museo del Banco Central.
Añadió que, para suplir esos fondos, el Banco tendría que recurrir a la emisión monetaria y, al establecerse la prohibición para desmonetizar, podría derivar en el crecimiento de la inflación.
La Nación envió consultas al Banco Central para ampliar información sobre diversos aspectos del proyecto y sus posibles efectos en la entidad. No obstante, al cierre de esta nota, la solicitud seguía en trámite.
Róger Madrigal: ‘Es evitar que el Banco haga su labor esencial’
La desmonetización es el proceso mediante el cual un gobierno retira de circulación una moneda o billete, dejándolo sin valor como medio de pago. Puede aplicarse a denominaciones específicas o a una serie completa y suele implementarse para combatir la falsificación, reducir la inflación, impulsar nuevas monedas o modernizar el sistema financiero.
Según el presidente del Banco Central, la restricción planteada en la iniciativa afectaría la autonomía de la entidad, podría hacerla incurrir en un déficit, e impediría el cumplimiento de sus funciones.
“El Banco Central, en el control de la cantidad de dinero, lo que tiene que hacer muchas veces es desmonetizar, es evitar que el Banco haga su labor esencial”, comentó Madrigal.
El presidente del Banco Central explicó que la entidad puede fomentar el pleno uso de los recursos productivos, siempre que se mantenga el control de la inflación. No obstante, advirtió que prohibir la desmonetización de esos fondos podría generar presiones inflacionarias, lo que obligaría a financiar el déficit con un impuesto inflacionario que requeriría la eventual aprobación de la Asamblea Legislativa.
Madrigal señaló que, aunque esta medida es una posibilidad, no sería la más adecuada, pues afectaría principalmente a quienes tienen ingresos bajos o fijos.
“Esta medida el mensaje que envía es que Costa Rica no cree en la autonomía del Banco Central, y eso tiene efectos sobre el mercado y la percepción del país. (...) Es raro que por una norma tan pequeña se le cercene al banco hacer lo que siempre hace, como el control monetario”, concluyó.
Hacienda sostiene que dinero no ‘financiaría operaciones del Gobierno’
El artículo 59 de la ley del Banco Central prohíbe que la entidad brinde financiamiento al Gobierno de la República o a instituciones públicas.
No obstante, el viceministro de Hacienda, Rudolf Lucke Bolaños, quien también compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios el 15 de enero, afirmó que redirigir los recursos captados no constituye un financiamiento directo al Gobierno central.
En ese sentido, el diputado Pablo Sibaja sostuvo que se trata de un respaldo a la deuda y no a una administración en particular.
Además, en cuanto al impacto que podría llegar a tener la desmonetización sobre el Banco Central, el viceministro señaló: “En este momento vemos una estabilidad monetaria importante. Por eso es importante evaluar el impacto que eso podría tener en la inflación, que parece ser muy pequeño, versus el desequilibrio fiscal que venimos arrastrando desde el 2008 hacia acá”.