El comercio ilícito de bebidas alcohólicas aumentó su participación en el consumo de los hogares, según un estudio.
La proporción en el consumo de los hogares pasó del 15,3% en 2016 a un 37,2 % en 2022, según estimaciones del Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI), de la Cámara de Comercio. El incremento es de 21,9 puntos porcentuales.
La organización estima que el mercado ilegal de bebidas alcohólicas, destilados y vinos alcanza ¢75.914 millones.
Esta categoría registra la segunda incidencia más alta entre los productos analizados, después de los cigarrillos, de acuerdo con el estudio, cuyos resultados fueron oficializados este 9 de noviembre por medio de un comunicado de prens.
La Cámara advirtió sobre los riesgos para los consumidores, debido a que la falsificación y adulteración de bebidas pueden exponerlos a productos elaborados sin controles sanitarios.
El comunicado recordó que el Ministerio de Salud emitió en años recientes alertas por el consumo de guaros y aguardientes adulterados con metanol, una sustancia tóxica que puede causar ceguera, daño renal e incluso la muerte.
Contrabando y canales de venta
El estudio identifica la zona sur del país como el principal punto de ingreso de licor de contrabando. También describe cambios en el transporte de carga, que pasó del comercio “hormiga” al uso de vehículos de doble tracción y camiones pequeños, algunos modificados para transportar más productos.
Según el documento, quienes participan en esta actividad utilizan rutas cada vez más sinuosas para evadir retenes y puntos de control. La mayor parte del licor ilícito no pasa por las aduanas, sino que ingresa mediante contrabando abierto.
La comercialización también se extendió a redes sociales y viviendas particulares, con pedidos por mensajería, entregas a domicilio y pagos mediante Sinpe Móvil, según la información recopilada por el OBCI.
Entre el 2021 y el 2025, la Policía de Control Fiscal decomisó más de 5,6 millones de unidades de licor. La Cámara aclaró que esos datos reflejan la actividad de control, pero no representan una medición del tamaño total del mercado ilegal.
Revisar impuestos
Para la Cámara, la carga tributaria sobre los licores constituye un incentivo para la comercialización ilegal, porque amplía la diferencia de precios entre los productos que pagan impuestos y los que ingresan al país de manera irregular.
Ricardo Carvajal, director ejecutivo del OBCI, planteó revisar y simplificar los impuestos sobre estas bebidas para reducir los incentivos al contrabando.
“Desde la Cámara consideramos que debemos atacar la raíz del problema y quitarle este negocio al crimen organizado. Por eso planteamos revisar y simplificar la carga tributaria sobre los licores, para reducir los incentivos al contrabando y fortalecer el comercio formal”, señaló.
La propuesta incluye acompañar esa revisión con una fiscalización más efectiva, mayor capacidad de investigación, coordinación entre las autoridades y el sector empresarial, así como más tecnología en las aduanas.