¿Cuál es el modelo que más le conviene a Costa Rica para incrementar su desarrollo: uno basado en la asignación eficiente de recursos y mayor productividad (ventajas comparativas) u otro basado en subsidios y exenciones fiscales?
El tema es polémico. Pero hay que escoger.
Costa Rica ya ha pasado por varios esquemas de desarrollo, desde el proteccionismo industrial y agrícola de los sesentas, la generosa promoción de exportaciones (certificados de abono tributario), y, luego, las zonas francas para atraer inversiones extranjeras mediante exención de impuestos directos e indirectos.
¿Logramos salir del subdesarrollo? ¿Pudimos aminorar los índices de pobreza, desempleo y desigual distribución del ingreso?
La respuesta es no.
Aunque algunos esquemas aún subsisten, el último esfuerzo de desarrollo se centra en negociar tratados de libre comercio (TLCs) con distintas naciones para incrementar la competencia y mejorar la productividad para poder competir con productos del exterior y asegurar el acceso de nuestros bienes y servicios a mercados internacionales. Yo me apunto a este esquema.
Pero el Gobierno y otras entidades y personas se aferran con tesón al pasado.
Las zonas francas son algo así como las bandas cambiarias en un régimen de transición en el proceso de liberalización cambiaria: están llamadas a desaparecer.
Así lo sentenció la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Aunque reducen el proteccionismo (resabios del pasado), al permitir importar libremente materias primas y bienes de capital, y garantiza un trato privilegiado en impuestos de renta, dividendos y remesas al exterior (por pena de tener tasas tan altas para las demás empresas), las zonas francas son distorsionantes.
Sería un régimen ideal… si se aplicara a todo el mundo.
Costa Rica sería como una gran zona franca.
Pero es discriminatorio, injusto, y conlleva a una mala asignación de recursos que reduce la eficiencia en la producción.
Discrimina a la mano de obra -nuestro mejor recurso - a favor del capital.
También sacrifica ingresos fiscales necesarios para infraestructura y obras sociales.
Y el sacrificio es a veces innecesario, pues los gobiernos extranjeros gravan el ingreso obtenido en nuestro país a tasas elevadas, independientemente de la exención. Claro que hay esquemas complejos en esa materia. Por ejemplo, sólo se gravan en el exterior los ingresos distribuidos a la casa matriz y se dan créditos por impuestos pagados en el exterior, y hay empresas que, de toda suerte, trasladan el impuesto mediante precios de transferencia (según demostró Musgrave), por lo que el sacrificio fiscal es estéril. Y aunque algún beneficio fiscal puedan disfrutar, el punto es si conviene renunciar a esos ingresos en aras de nuestro desarrollo social.