El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) propuso la reducción de las inversiones de los fondos de pensiones en bonos de deuda del Gobierno Central a raíz de una “concentración inconveniente” que se ha mantenido por largo tiempo, en especial por parte de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Magisterio Nacional y el Poder Judicial.
El regulador financiero planteó una reforma para disminuir el límite máximo de inversiones en el Ministerio de Hacienda desde el 80% actual a un 60% del total de los recursos administrados.
El cambio reglamentario, enviado a consulta desde mayo pasado, tiene como objetivo reducir la exposición de los fondos de pensiones en títulos emitidos por el sector público, es decir, el Gobierno y el Banco Central. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las inversiones está en bonos de deuda de Hacienda.
El Consejo argumentó la medida como parte de la recomendación dada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en julio del 2020, de que la diversificación de las inversiones reduciría los riesgos del país.
Hasta setiembre pasado, de los ¢16,8 billones administrados por los regímenes básico de jubilaciones y de las operadoras de pensiones complementarias (OPC), unos ¢11,2 billones estaban colocados en títulos valores del Gobierno, o sea el 67% del total. Pero cuando se analiza cada entidad por separado, algunas registran una alta concentración, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
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El saldo invertido por los regímenes de pensiones en el Gobierno es equivalente a casi una tercera parte del producto interno bruto (PIB).
La propuesta busca eliminar la orden dictada por el mismo Consejo, en octubre del 2018, que elevó del 50% al 80% el limite para que los fondos inviertan en bonos públicos. Si el cambio se aprueba sería la sexta vez, desde el 2006, en que se modifica dicho tope.
La reforma propuesta implica una modificación al Reglamento de Gestión de Activos. De aprobarse, la medida empezará a regir en enero del 2024.
Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, comentó que la reducción de las inversiones en el sector público se haría con una transitoriedad razonable para no causar perjuicio a los afiliados y pensionados de los diferentes regímenes.
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Concentración en Hacienda
Los fondos básicos de pensiones (IVM, Magisterio y Poder Judicial) tienen la mayor concentración en bonos de Gobierno, cuando se compara con las operadoras de pensiones
FUENTE: Superintendencia de Pensiones || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Más concentrados
El Conassif advierte que la concentración más elevada en títulos del Gobierno está en los tres fondos básicos. Estos son el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio Nacional y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Solo los últimos dos sistemas estarían obligados a cumplir con el cambio.
El IVM, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no es regulado por Supén. Sin embargo, siempre se le insta a cumplir con la normativa.
Precisamente, este fondo de jubilación es el tiene el porcentaje más alto de concentración en títulos de Hacienda. Hasta setiembre pasado, el 79,1% de los ¢2,5 billones del portafolio de inversiones estaba en bonos de deuda gubernamentales.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, comentó que la Caja ha hecho esfuerzos para reducir la exposición. Sin embargo, una de las dificultades que enfrentan es la poca diversidad de emisores para colocar sumas relevantes de recursos.
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El funcionario agregó que la opción es comprar emisiones en el mercado internacional, pero ante la actual volatilidad no tienen previsto hacerlo este año, ni en 2023. La Junta Directiva de la Caja aprobó, el año pasado, permitir inversiones del IVM en el extranjero hasta por el 3% de los recursos administrados.
En el caso del RCC, hasta setiembre anterior, el 77,8% de los ¢3,8 billones, es decir ¢3 billones, estaba en títulos de Hacienda.
Carlos Arias, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), destacó que actualmente están en un proceso de diversificación del portafolio de los recursos del fondo. Precisamente, en setiembre anterior, efectuaron la primera inversión en el extranjero por un monto de 0,16% de los recursos del régimen, o sea, ¢6.200 millones.
Arias, contrario a la posición de Supén y Conassif, considera que los límites establecidos por las entidades reguladoras no afectan al RCC. Pero consideró que estas medidas deben analizarse considerando la realidad del mercado financiero costarricense.
El régimen del Poder Judicial mantenía, hasta setiembre anterior, el 62% de los ¢634.000 millones invertidos en el bonos de deuda del Gobierno. Los datos de la Supén muestran que, al mismo mes del 2021, la concentración era del 75%. La reducción se produjo una vez que la institución empezó a adquirir títulos valores emitidos en el mercado internacional.
La Junta Administradora del fondo reconoció que será un reto diversificar las inversiones en el mercado local, en especial que existan emisores capaces de absorber, en el corto plazo, una cantidad tan cuantiosa de recursos.
La entidad destacó que, si se desarrollan los vehículos de inversión de obra pública, se podrá modificar la estructura del portafolio. Pero, por el momento, continuarán el proceso de compra de títulos valores externos. A setiembre anterior, la entidad tenía 3,5% de su activo en emisiones externas.
La Junta aprobó destinar hasta un 10% de los recursos a mercados internacionales, pero la normativa reguladora les permite llevarlo hasta el 50%.
Fondos complementarios
En el caso de las operadoras de pensiones, dos de las entidades ya están por debajo del nuevo límite propuesto por el Conassif. Se trata de la OPC de la CCSS y BCR Pensiones, cuya concentración en títulos de Hacienda es de 45,7% y 55,1%, respectivamente.
De las entidades que están por encima del 60%, BAC Pensiones tiene el mayor porcentaje en Hacienda con el 63,6% de los ¢1,1 billones administrados a sus clientes.
Entretanto, Popular Pensiones es la entidad que, por monto de recursos, tiene la mayor cantidad de dinero en bonos del Gobierno. Hasta setiembre anterior, tenía ¢2,3 billones invertidos en Hacienda, es decir el 60,7% de los ¢3,8 billones administrados.
