El Poder Judicial habría pagado de más ¢4.079 millones en pensiones a empleados que recibieron beneficios de jubilación a los cuales no tenían derecho.
Así lo indican dos informes de fiscalización al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, realizados por la Superintendencia de Pensiones (Supén), de los que tiene copia La Nación .
Los estudios, del 2012 y del 2013, concluyen que 403 funcionarios judiciales se acogieron a su pensión, entre enero del 2000 y julio del 2012, amparados en la norma conocida como la Regla IV.
Se trata de una interpretación que hizo el mismo Poder Judicial la cual les permitió a los trabajadores la jubilación a los 55 años de edad y con un monto de pensión equivalente al promedio de los últimos 12 salarios.
Para la Supén estas personas no tenían derecho a retirarse bajo esas condiciones pues la Regla IV es considerada una disposición ilegal. La primera vez que la entidad lo advirtió fue en el 2005.
Nueve años después, en el 2014, dos informes más solicitados por la Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial, coinciden con la Supén en que la norma es irregular.
El primer estudio lo presentó el magistrado Óscar González el pasado 31 de marzo, mientras que la Secretaría General de la Corte brindó el suyo el 21 de abril. Ambos propusieron derogar la Regla IV.
La Corte informó mediante el Departamento de Prensa del Poder Judicial de que este asunto está en estudio y serán los magistrados quienes lo resuelvan.
El tema adquiere relevancia luego de la Supén propusiera, este año, cerrar el fondo de jubilaciones por estimarlo insostenible.
De hecho, el Ministerio de Hacienda anunció un diálogo con el Poder Judicial para revisar los gastos de ese régimen de pensiones y modificar aportes y montos de jubilaciones.
El régimen se creó en 1937. Tiene 3.226 jubilados y 12.055 empleados activos cotizantes.
En junio del 2012, la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. indicó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ¢4 billones y sería insolvente en el 2027.
Recomendación. El informe del magistrado González propuso identificar los casos de pago de pensiones en exceso porque generan un daño económico al Estado y recomendó revisar las jubilaciones pendientes de aprobación en las que se pueda aplicar esta regla.
Édgar Robles, superintendente de Pensiones, dijo que deben sentarse responsabilidades legales por la aprobación de la norma.
La Secretaría General de la Corte descartó, en su estudio, iniciar juicios contra los pensionados bajo el argumento de que hay razones de conveniencia para el Poder Judicial. Mientras, los magistrados pospusieron su decisión sobre el tema hasta recibir las observaciones de los sindicatos judiciales, este mes.
Zarela Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sí urgió agilizar la discusión porque la vigencia de la Regla IV puede causar lesiones al régimen de pensiones, según consta en el acta de la Corte Plena 19-2014, publicada el 12 de mayo anterior.
Jorge Luis Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura, afirmó que sí se deben demandar responsabilidades en la medida que se hayan dado afectaciones al Fondo del Poder Judicial.
“Parece que hay acuerdo en que (...) esta Regla IV no es conforme a derecho y en esa medida debe dejarse de aplicar en interés del resguardo de los intereses del fondo de pensiones”, manifestó.
En contexto
¿Qué es la Regla IV?
En febrero del 2000, la Corte Plena aprobó la creación de la Regla IV, una interpretación legal de los requisitos de jubilación estipulados en la Ley del Poder Judicial y la Ley Marco de Pensiones.
La norma reconoció derechos adquiridos para jubilarse a los 55 años y con un promedio de los últimos 12 salarios a quienes con la promulgación de la Ley Marco de Pensiones, en julio del 1992, tenían al menos 10 años de servicio en el Poder Judicial. El beneficio se puede materializar una vez que el funcionario judicial cumpliera los 30 años de servicio.
De esta forma, según la Supén, se abrió la posibilidad de evitar la medida más restrictiva de pensionarse a los 62 años con el promedio de los últimos 24 salarios.
El documento preparado por el magistrado Óscar González, de marzo del 2014, propuso declarar lesivos a los intereses económicos del Estado todas aquellas jubilaciones o pensiones otorgadas bajo la Regla IV. Así como derogar la normativa y remitir a la Procuraduría General de la República los casos para procesos judiciales.
El estudio de la Secretaría General de la Corte, de abril del 2014, concluyó que la Regla IV no se ajusta a la legislación por lo que deviene en “ilegal”. Pero propuso no iniciar procesos judiciales.
Fuente: Supén y Poder Judicial.