Los depositantes y acreedores de Desyfin corren el riesgo de perder hasta el 40% del dinero invertido en la financiera en el escenario de fracasar el proceso de negociación del “banco bueno” que busca trasladar los activos más valiosos a una entidad solvente.
En el acuerdo de resolución, tomado por Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), publicado el 15 de octubre pasado en La Gaceta, se detallan dos escenarios de recorte que sufrirían los ahorrantes e inversionistas.
“Los depositantes y demás acreedores no garantizados se colocan en una mejor posición por medio de la aplicación del mecanismo de resolución propuesto, ya que la estimación de recuperación rondaría en 74,7%, y si se procediera con la declaratoria de liquidación de la Financiera se estima la recuperación en 60,2%“, se indica en la resolución tomada el pasado 9 de octubre.
La previsión del equipo de interventores, ahora encargados de la resolución, implica un recorte de entre el 25,3% y 39,8% para ahorrantes (a la vista y a plazo), tenedores de bonos de deuda y a las entidades financieras que prestaron dinero a Desyfin.
Los interventores aclararon que, tales previsiones, son ejercicios teóricos que dependerán del resultado final del proceso de resolución o la liquidación de la entidad financiera.
Por tal razón, los tenedores de bonos y los depositantes deberán esperar a que se resuelva el futuro de los activos del “banco bueno” para conocer el porcentaje exacto de pérdida, según el acuerdo del Conassif y lo que explicó la Administración de la Resolución a La Nación.
Sin embargo, quedó claro que todos las inversiones serán sometidas a un recorte. Actualmente, una entidad bancaria realiza un proceso de debida diligencia para adquirir un bloque de activos y pasivos de la financiera, se confirmó en el acuerdo del Conassif.
Los activos valiosos separados por los interventores ascienden, hasta agosto pasado, a ¢125.217 millones que incluyen cartera de préstamos, inversiones, efectivo y edificios. El pasivo, por el mismo monto, está compuesto en su mayoría por obligaciones con acreedores y depositantes no garantizados. Entre estos últimos están las seis emisiones de bonos por ¢14.500 millones y $3,47 millones.
“En el caso de los pasivos no garantizados, estos recibirán un porcentaje de recorte, ya que en el ‘banco bueno’ el valor de los pasivos es mayor al valor de los activos. El recorte dependerá de las negociaciones finales con la o las entidades solventes interesadas”, explicaron los resolutores, por escrito.
El escenario descrito es en el caso de que la entidad solvente, interesada en absorber los activos valiosos de Desyfin, llegue a un acuerdo con el equipo resolutor de la institución, dirigido por Marianne Kött.
En el eventual caso en que no haya acuerdo, el equipo resolutor tendrá la opción de hacer venta directa de paquetes de activos y pasivos, o una subasta. Si esta opción tampoco funciona, se pasará al proceso de liquidación, de acuerdo con la decisión adoptada por el Conassif.
Adicionalmente, la Administración de la Resolución confirmó que los títulos valores de Desyfin no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos que protege a los ahorrantes a la vista e inversionistas de certificados a plazo hasta por un máximo de ¢6 millones.
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El Consejo declaró inviable a Desyfin y ordenó el proceso de resolución inmediato debido a que no fue posible concretar un plan de salvamento de la entidad, que operaba como institución financiera no bancaria desde 1998.
La decisión se tomó después de que en el proceso de intervención se hiciera un ajuste contable por ¢17.015 millones, lo que llevó a pérdidas acumuladas de ¢21.968 millones entre enero y agosto de este año. Ese resultado consumió todo el patrimonio y dejó, además, un faltante de ¢6.704 millones.
Inversionistas de bonos
Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), detalló que brindaron instrucciones a los custodios de los bonos de Desyfin para informar a sus clientes del proceso de cierre de la financiera.
“¿Qué sucede con estos bonos? Entran como parte de los pasivos (de la entidad) y dependerá del proceso de resolución el porcentaje de rescate de esos bonos", explicó el Superintendente.
En el caso de los fondos de inversión, la orden fue precisar cuáles clientes tenían inversiones al momento del acuerdo del Conassif. “En los fondos entran y salen todos los días inversionistas (...) entonces lo que se hace es hacer una anotación en el activo para que si en algún momento sale un inversionista del fondo, que la plata no se la lleve porque él era propietario de un pedacito de la cartera“, recalcó Soley.
La acción se ejecuta, agregó, para evitar que a los nuevos inversionistas no se les cargue el costo de Desyfin. Adicionalmente, a cada usuario se le debe reportar, en su estado de cuenta, la participación del activo que está congelado a raíz de la resolución de la financiera.
La Administración de la Resolución también precisó que, por el momento, no es posible determinar si la entidad solvente interesada en el “banco bueno” cancelará a los inversionistas sus recursos al vencimiento de los bonos y certificados de plazo.
Hasta el pasado 31 de julio, los fondos de pensiones y los de inversión tenían un saldo de ¢57.540 millones colocado entre títulos valores y los depósitos a plazo de Desyfin, según distintas bases de datos disponibles en la Superintendencia de Pensiones (Supén), Sugeval, la Superintendencia General de Seguros (Sugese), así como los reportes publicados en los estados financieros de estos acreedores.
De dicho monto, los regímenes de jubilación concentran el mayor monto en riesgo a partir de la intervención a Desyfin, pues tenían invertidos ¢44.698 millones en los diferentes instrumentos financieros.
Entre los regímenes con dinero congelado son el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, el Fondo de Garantías y Ahorro de los Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Popular Pensiones y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Lotería.
Fondos argumentan que el impacto es poco significativo
La Junta Administradora de las pensiones del Poder Judicial y Popular Pensiones minimizaron el efecto que tendrá las inversiones hechas en Desyfin en el total de recursos administrados.
“Es importante indicar que la situación de las inversiones con Financiera Desyfin es un tema que nos alerta pero que no genera un impacto significativo en los resultados globales del portafolio de inversión del fondo, dado que el emisor representa solo un 1,5% del valor total del activo", indicó la Junta Administradora del sistema de la Corte.
Hasta julio pasado, las inversiones del fondo judicial en la financiera eran de ¢11.610 millones.
Entre tanto, Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, explicó que desde agosto anterior se reflejó el impacto de la entidad financiera en proceso de resolución.
“La inversión que la operadora de pensiones tenía en Desyfin era una inversión marginal en relación con la totalidad de los recursos que se manejan. Era aproximadamente del 0,06% del total", justificó.
Porras precisó que el dinero invertido en la financiera era de fondos voluntarios y no del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
En agosto pasado, tras la intervención de la financiera, el fondo de jubilación del ICE catalogó como correctas las inversiones en Desyfin, pues cumplieron con la normativa regulatoria de diversificación y mitigación del riesgo.
