Las ganancias del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se redujeron de forma significativa en los últimos dos años.
La utilidad del sistema pasó de un promedio de ¢20.000 millones, entre el 2011 y el 2013, a un promedio de ¢2.000 millones en el 2014 y el 2015, según los estados financieros del régimen.
La reducción es consecuencia de un alza en los gastos de pago de pensiones por un incremento de nuevos jubilados.
En el último lustro se retiraron en promedio 150 personas al año .
El Fondo cerró con 3.528 pensionados el año pasado.
Este sistema de pensiones se financia con la contribución obrero-patronal y estatal. El trabajador judicial aporta un 11%, la Corte un 13,75% como patrono y el Estado aporta un 0,41%.
Los gastos del Poder Judicial, incluidos los aportes al régimen de pensiones, se financian con una transferencia de dinero de Hacienda.
El sistema de jubilaciones también se nutre de las ganancias generadas por las inversiones de la reserva del régimen. Este fondo cerró en ¢395.000 millones en el 2015.
En marzo del 2014, la Superintendencia de Pensiones (Supén) propuso cerrar el régimen judicial de jubilaciones por considerarlo insostenible, debido al alto costo y porque los beneficios otorgados no tienen tope.
Para la Supén, las propuestas de reformas impulsadas por la Corte son insuficientes para solucionar los problemas futuros del Fondo.
En junio del 2012, la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. determinó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ¢4 billones y sería insolvente en el 2027. Desde entonces no se ha realizado un nuevo análisis.
El Consejo Superior está por contratar una empresa para hacer el análisis actuarial y conocer el estado del régimen.
