El estudio actuarial a las pensiones de la Corte, hecho por la Universidad de Costa Rica (UCR), prevé que el fondo de jubilaciones comience un deterioro a partir del 2029.
En ese momento, las contribuciones al régimen serán insuficientes para pagar las pensiones y se tomarán los intereses generados por las inversiones de la reserva para hacerle frente al pago mensual de jubilaciones.
Sin embargo, será el inicio de los problemas del régimen de pensiones pues, en 2040, la reserva comenzará a disminuir y se agotará en el 2048.
Tales proyecciones fueron descritas en el informe final del Estudio Actuarial al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR.
Los escenarios críticos se cumplirían si no se realiza ningún cambio a las actuales reglas de beneficios de jubilación y de cotización al régimen.
Por tal razón, el informe de la UCR urgió a la Corte a acoger las propuestas de reforma legal del estudio para revertir la actual insolvencia actuarial del fondo, se detalla en el documento del pasado 4 de julio.
La Universidad recomendó un fuerte recorte en los beneficios de jubilación como elevar de 60 años a 65 años la edad de jubilación, que el aporte de empleados y pensionados pase del 11% al 15%.
La propuesta del documento es aplicar los cambios de manera inmediata y sin gradualidad una vez que sean aprobados en la Asamblea Legislativa.
"El régimen no tiene solvencia actuarial, si no se toman las medidas en este momento la situación se hará más grave. El fondo hoy no tiene pérdidas, pero deben tomarse decisiones para que en el largo plazo no se deteriore", recalcó José Antonio Cordero, director del IICE.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, afirmó que la institución acatará las recomendaciones técnicas del estudio de la UCR.
"El Poder Judicial siempre ha estado claro de la urgencia de adoptar cambios y por ello impulsó, desde el año 2013, un proyecto de ley; es decir, desde la misma institución es que surgen, en primera instancia, las propuestas de reforma al fondo", aseguró Romero.
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Los especialistas de la UCR cifraron, en marzo anterior, el déficit del fondo en ¢5,36 billones.
El origen.
El director del IICE dijo que el estudio no realizó valoraciones de las decisiones tomadas en el Poder Judicial en el pasado.
Sin embargo, aceptó que el marco actual de beneficios de jubilación hace insostenible el régimen a futuro.
Entre las observaciones señalados en el informe están que el monto de la pensión es el 100% del promedio de los últimos 24 salarios recibidos por el trabajador.
También que actualmente no hay tope de pensión, lo que permite casos de pensiones de más de ¢9 millones.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) y la Auditoría Judicial también han denunciado, en los últimos años, excesos en el otorgamiento de beneficios de pensión.
Por ejemplo, se han aprobado jubilaciones a funcionarios con menos de 55 años o que a 435 retirados se les pagó de más ¢7.200 millones, entre el 2000 y el 2014, pese a que no tenían derecho.
La Directora del Poder Judicial dijo que los beneficios siempre se han entregado apegado a la normativa vigente.
"Los cambios demográficos de nuestro país y las limitaciones presupuestarias de la institución, que inciden en una contracción de la tasa de crecimiento de la planilla, imponen realizar cambios en el esquema de beneficios y aportes de nuestro régimen", aseguró Romero.
Advertencia.
El estudio de la UCR reiteró que ni la propuesta de reforma de la Corte ni la de los trabajadores reducen, de forma significativa, el déficit actuarial del régimen.
Además criticó que en ambos iniciativas hay un artículo transitorio el cual permite a algunos empleados judiciales, con derecho a pensionarse en un plazo de cinco años, mantener los actuales beneficios del régimen.
Dicha medida permitiría a un grupo de 3.000 empleados judiciales acceder a una pensión de lujo.
"El transitorio pospone los ajustes y por lo tanto afecta negativamente los ingresos del fondo (...) Una decisión en esta dirección puede inducir a los administradores y agentes políticos a realizar gestiones para incluir a grupos sucesivamente más numerosos", enfatizó el informe.
También cuestionó la posibilidad de que se suavice la contribución solidaria al régimen.
El IICE propuso un aporte del 50% sobre el monto de la jubilación que exceda el tope de los ¢4 millones recomendado.
Según el informe, antes de tomar una decisión es necesario realizar un estudio técnico sobre si realmente la contribución solidaria es confiscatoria, tal como se ha criticado.
"Una reducción del porcentaje generaría una caída en los ingresos del fondo, lo cual puede incidir negativamente sobre los resultados de solvencia actuarial", sostuvo el informe final de la UCR.