El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo de que impondrá sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia en el marco de la Ley de Facultades Económicas en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Esta medida es una de las sanciones que el mandatario estadounidense aplicará a Colombia tras la decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de no permitir el ingreso de aviones militares con deportados, argumentando que Estados Unidos no trata a sus conciudadanos de manera digna.
No obstante, el mensaje que Donald Trump publicó en la red social Truth Social no aclara si todas las sanciones se aplicarán a los funcionarios cercanos al presidente Petro o a la población colombiana en general. “Las sanciones del Tesoro, Banca y Finanzas IEEPA serán impuestas en su totalidad”, afirmó el mandatario estadounidense.
Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, la Ley IEEPA otorga al presidente facultades amplias para regular transacciones económicas tras declarar una emergencia nacional.
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Con la normativa vigente, Trump puede imponer sanciones a gobiernos, organizaciones no estatales o individuos implicados en actividades como terrorismo, ciberataques, violaciones de derechos humanos o, ahora, amenazas por política migratoria. José Luis Arce, economista y expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), indicó que estas sanciones se han utilizado en varias ocasiones en los últimos años, como en el caso de China por temas tecnológicos.
Además, esta ley ha sido empleada para presionar a otras naciones en el combate contra el financiamiento del terrorismo o para responder a crisis geopolíticas, como en los casos de Irán y Corea del Norte.
Bernardo Alfaro, exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), destacó que, aunque el mensaje de Trump señala que las sanciones se aplicarán “en su totalidad”, es necesario esperar para conocer en detalle a quiénes afectarán específicamente.
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Sin embargo, Alfaro advirtió de que, si se aplican por completo las sanciones relacionadas con Tesoro, Banca y Finanzas, los bancos estadounidenses podrían verse obligados a cancelar la corresponsalía con los bancos colombianos, lo que representaría “una calamidad para el sistema financiero colombiano”, ya que dificultaría la realización de transferencias y negocios internacionales.
Señaló, además, que la imposición de aranceles del 25% a las importaciones desde Colombia impactará directamente al sector exportador colombiano, ya que perderá competitividad frente a productos de otros orígenes en el mercado estadounidense.
Alfaro añadió que, si el Gobierno colombiano tiene activos financieros en territorio estadounidense, estos podrían ser congelados, así como transacciones financieras
“La ley le permite al presidente de Estados Unidos evitar transacciones financieras para individuos o gobiernos específicos. Esto incluso podría afectar la posibilidad de Colombia de acceder a créditos de la banca multilateral o de desarrollo”, dijo el exjerarca de Sugef.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), es el encargado de hacer cumplir estas sanciones.
El portal Bloomberg informó de que, de acuerdo con la IEEPA, solo existe una manera expresa de revocar una declaración presidencial de emergencia nacional, y es mediante una resolución concurrente del Congreso de Estados Unidos que contradiga la determinación presidencial. Sin embargo, el Congreso nunca ha tomado esta acción, y José Luis Arce consideró poco probable que suceda en este caso, dado que actualmente la mayoría es republicana.
La IEEPA fue promulgada en 1977 para regular y restringir los poderes otorgados previamente al presidente bajo la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA, por sus siglas en inglés) de 1917. Esta última permitía al mandatario actuar en tiempos de guerra o emergencias nacionales sin límites claros, lo que generó preocupaciones sobre posibles abusos de poder, según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.
Entre las atribuciones que concede la IEEPA, se encuentran la posibilidad de bloquear y prohibir transacciones en bienes o intereses propiedad de personas designadas si están en Estados Unidos, así como regular transferencias financieras internacionales y confiscar activos de personas extranjeras involucradas en hostilidades contra el país. Estas sanciones pueden ser sectoriales, dirigidas a industrias específicas, como las finanzas; o específicas, enfocadas en empresas o individuos particulares, así como en representantes gubernamentales.
