Según ese dictamen, el Anglo estaba en un “gravísimo proceso de desintegración”, con pérdidas superiores a los ¢16.000.000 millones. Estaba “técnicamente quebrado”.
Figueres se reunió con su gabinete para decidir el destino del banco más antiguo del país. Estaban ausentes Sergio Quirós y Calixto Chaves, asesores con rango de ministros.
A la reunión se sumaron Carlos Manuel Castillo (q. e. p. d.), presidente del Banco Central; la primera dama, Jossette Altmann y el jefe de la fracción liberacionista, Rolando González Ulloa.
La decisión que se tomó fue cerrarlo.
El Anglo estaba intervenido desde junio de ese año, por irregularidades con créditos, sobregiros e inversiones riesgosas.
Entre las principales razones que llevaron al descalabro está la compra de la subsidiaria Almacén de Valores Comerciales (AVC), con la que captó recursos sin encaje, otorgó créditos y contrató empréstitos externos sin autorización.
Pertenecía a los hermanos chilenos José Luis y Mariano López Gómez.
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La compra de bonos de deuda externa venezolana fue otra de las razones para la debacle. El precio de esos bonos cayó en picada desde enero de 1994. Las pérdidas, finalmente, superaron los $50 millones.
Estrepitoso es la palabra que cabe para definir el crecimiento de su cartera de morosos: un 94%.
Otra razón para el cierre, fue que el banco sufrió retiros masivos mientras fue intervenido.
Para setiembre de ese 1994, el Anglo tenía perdidos la tercera parte de sus depósitos; para solventar eso, solicitó créditos al Central por ¢26.000 millones.
Otro elemento que jugó en contra fue el gasto de operación: prácticamente era el 92% de sus ingresos, lo cual ocasionaba bajas utilidades.
Por el descalabro financiero fueron condenados, el 20 de junio del 2001, el exgerente general, Carlos Hernán Robles, y los exmiembros de la junta directiva Manfred Amhrein, Rónald Fernández, Carlos Orborne, Edwin Salazar, Arturo Fallas y Carlos Manuel González.
