La deuda pública de Colombia sigue aumentando y podría llegar este año al 61% del producto interno bruto (PIB), su peor nivel en la historia, incluso por encima del registrado durante la pandemia del covid-19 (60,7%).
Esto de acuerdo con las últimas proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, al que no le convencen las cuentas del Gobierno.
La administración actual, de Gustavo Petro, piensa que cerraría en 59,8% del PIB y cree que al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella le tocará tomar medidas “urgentes” para evitar una crisis fiscal en el país.
“Las medidas de ajuste fiscal estructural no dan espera, so pena de que Colombia enfrente una situación de estrés financiero, con consecuencias económicas potencialmente devastadoras”, se puede leer en su último informe.
El documento proyecta que, aún en un escenario en el que el nuevo mandatario cumpla con la hoy suspendida Regla Fiscal —un mecanismo que establece por ley los límites de gasto y endeudamiento del Gobierno— la deuda neta seguiría subiendo en los próximos años, algo que cataloga como “preocupante”.
Según las proyecciones del organismo, esta se elevaría al 63,8% del PIB en 2028, tocaría el nivel de 64,2% en el 2030 y llegaría a la cifra de 63,1% de cara al 2037.
Precisamente, desde que de la Espriella se hizo con la victoria en las elecciones el domingo pasado, los diferentes analistas del mercado no han dejado de alertar que el frente fiscal, el alto endeudamiento y los crecientes costos de los intereses que se están pagando hoy en el gobierno de Gustavo Petro son los mayores desafíos económicos y, a su vez, la peor herencia que tendrá que enfrentar el nuevo Ejecutivo a partir del 7 de agosto.
De hecho, la recién creada Mesa Fiscal, conformada por expertos de las universidades de los Andes, Nacional y Javeriana, así como el centro de pensamiento Fedesarrollo, aseguró que la situación de las finanzas es “preocupante” y que el alto y persistente déficit y la elevada carga de intereses que se pagarán en los próximos años implican retos para la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo.
“Se requiere un ajuste para estabilizar la deuda, que debe ser estructural y sustancial. (…) Cuando esta es insostenible, aumentan las primas de riesgo, se reduce el acceso a los mercados financieros y al crédito, y se incrementa el costo del capital”, explicaron.
También desde el centro de estudios económicos Anif sostuvieron que el recorte que se debería dar el próximo año y que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, calcula en 30 billones de pesos (unos $8.700 millones), debería estar concentrado en medidas que se enfoquen en reducir el gasto público tanto de funcionamiento como de inversión y, posterior a ello, realizar una reforma tributaria estructural enfocada en ampliar la base tributaria y reducir la evasión.
“(La nueva administración) debe enviar señales contundentes sobre el compromiso del Gobierno por la austeridad y sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que puede tener efectos positivos en los costos de la deuda, la apreciación del tipo de cambio y las mejoras en la calificación crediticia”, aseguró el centro que lidera José Ignacio López.
En concreto, la entidad propuso reducir el tamaño de la nómina pública mediante el congelamiento y la eliminación de cargos, limitar el crecimiento salarial del sector público y revisar bonificaciones y esquemas de contratación.
De igual manera, dijo que serían necesarias otras medidas, como el recorte de los contratos de prestación de servicios y avanzar en la eliminación gradual de subsidios a los combustibles a través de ajustes en los precios del ACPM y la gasolina.
“En términos generales, estimamos que el ajuste fiscal que se debe llevar a cabo en los próximos años es de 3 puntos del PIB y debe combinar medidas de austeridad, reformas a los ingresos y políticas orientadas a reactivar la inversión privada y la actividad productiva”, pronosticó.
Sin opción a emitir más deuda
A ello se suma que la liquidez del Gobierno viene de niveles históricamente bajos y que, si la nueva administración no implementa ajustes para corregir la situación, según el equipo de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, seguirá con este “persistente” problema.
En febrero, el saldo fue de apenas 6,6 billones de pesos, un 68% menos que el promedio histórico, y en marzo cerró en 7,3 billones de pesos. Sin embargo, en mayo se disparó por cuenta de la subasta de deuda interna realizada por el Gobierno, en la que colocó 6 billones de pesos en TES, la más grande de la historia, a una tasa de hasta 14,79% en el título a 2030, niveles no vistos en años. Gracias a ello, la caja en pesos de la Nación obtuvo recursos por 15,1 billones de pesos.
El problema es que la rápida consecución de recursos se ha logrado a través de la implementación de megasubastas que le han permitido al Gobierno realizar emisiones de deuda interna a largo plazo (TES) elevadas frente al estándar histórico, y al próximo gobierno ya no le quedaría cupo para emitir deuda.
“El ritmo de emisión ha sido tal que, a junio, Hacienda ya habría usado el 78% del cupo de todo el 2026 y ya solo le quedaría espacio de emitir 19 billones en el segundo semestre. Si la velocidad de colocación de deuda se mantiene, a mediados de agosto se completaría el total del cupo”, dijeron.
Adicional a ello, la calificadora de riesgo Fitch Ratings advirtió el viernes que este tipo de operaciones conllevan desventajas y no benefician la solvencia crediticia soberana si no se acompañan de esfuerzos para abordar los problemas fiscales subyacentes.
“Estas operaciones de financiamiento no ofrecen una solución gratuita, ya que implican un costo fiscal para cubrir el riesgo o un riesgo para obtener una posible ganancia financiera. La recompra de bonos por debajo de su valor nominal ha reducido la deuda neta actual, pero ha incrementado los costos de intereses futuros”, se puede leer en uno de sus informes.
Necesitará mayorías en el Congreso
De otro lado, si bien el rally inicial de los activos colombianos con el dólar a la baja y la prima de riesgo cayendo, entre otros, refleja que existe confianza con la llegada a la presidencia de de la Espriella, la verdadera materialización fiscal dependerá del Congreso, del Presupuesto General de la Nación del 2027 y de fuentes creíbles de recaudo, según el equipo económico de BTG Pactual.
Los expertos indican que la gran prueba fiscal llegaría el próximo año cuando la tributaria, la eliminación del 4x1000, la reducción del Estado, la fusión de ministerios y una eventual agenda de desindexación, medidas planteadas por la nueva administración, requerirán de mayorías legislativas, consistencia con la regla fiscal y fuentes de recaudo verificables.
“De la Espriella llega con una bancada propia reducida, de apenas cuatro curules en Senado y uno en Cámara, mientras que el Pacto Histórico se mantiene como la principal fuerza de oposición, con cerca de 42. Esto implica que el Gobierno no parte con cheque en blanco: su agenda estructural dependerá de una coalición amplia, con el Centro Democrático como aliado natural y apoyos puntuales de partidos de centro y tradicionales”, opinaron.