Costa Rica dejó de ser parte de la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal por completo a partir de este 18 de febrero, luego de que el Consejo de la Unión Europea, en su formación de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), removió el nombre del país del Anexo II de la Lista de Jurisdicciones No Cooperantes.
Así lo confirmó el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado de prensa, en el que indica que se tuvo que llevar adelante la reforma del artículo 106 quáter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) que impulsó desde el segundo trimestre del 2022.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explicó que la salida del país de la lista de jurisdicciones no cooperantes garantiza un clima de negocios “seguro y confiable” a los inversionistas extranjeros, especialmente a las empresas extranjeras que operan en el país.
Además permite a la Administración Tributaria supervisar, monitorear y verificar el cumplimiento de las entidades reportantes bajo el Estándar de Reporte Común (CRS) que evalúa si un país cumple con el intercambio automático de información con fines fiscales (AEOI) entre distintos países.
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Priscilla Piedra, socio de impuestos y servicios legales de Deloitte, explicó que este detalle era una exigencia que inicialmente la UE no planteó al país en 2022, lo que posteriormente terminó en la inclusión del país en la lista negra en 2023.
“Ahora (Tributación) puede realizar evaluaciones anuales basadas en criterios objetivos y planes de riesgo previamente definidos, diagnosticar riesgos de incumplimiento en los procedimientos de control interno, exigir la implementación de recomendaciones dentro de plazos establecidos y aplicar sanciones por incumplimientos detectados sobre las entidades reportantes”, según indicó Hacienda.
En diciembre del 2024, La Nación informó que Costa Rica logró mejorar en la evaluación anual que la Unión Europea (UE) puso como requisito para ser excluida de la llamada lista gris, que incluye a las naciones que no cumplen con todas las normas fiscales internacionales. Fue en ese momento cuando el marco legal costarricense logró alinearse por completo con las exigencias del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el correcto intercambio de información tributaria.
