Coovivienda fue la primera institución financiera en entrar en crisis en el último año, y, sin embargo, lo que allí ocurrió aún es incierto.
No obstante, el financiamiento a proyectos populares de vivienda sin verificar correctamente la capacidad de pago de los deudores y un exceso de venta de títulos para obtener recursos son parte de las fallas señaladas por algunos funcionarios conocedores de la situación de la cooperativa.
Los errores en Coovivienda llevaron a que se acordara un proceso de liquidación y a su intervención en enero pasado. Además, fue el punto de partida de un contagio que llegó luego a los bancos Federado y Bancoop, también intervenidos.
Desde que la entidad comenzó a tener problemas con los pagos, en agosto pasado, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ha honrado ¢12.131 millones de sus deudas. El Banhvi es una institución estatal que funge como entidad financiera de otras dependencias que canalizan crédito para construir casas de interés popular.
De los recursos que ha aportado el Banhvi mediante la venta de algunos activos, queda un saldo pendiente por ¢6.121 millones.
Para el ministro de Vivienda, José Antonio Lobo, a Coovivienda y a otras entidades similares se les transfirió mucho poder en el financiamiento de proyectos de interés social. Indicó que 67 de estos se le entregaron a Coovivienda.
La situación en que se encuentran estos proyectos no está clara. No fue posible obtener respuesta sobre una interrogante en este sentido y otras preguntas por parte del interventor de Coovivienda, Marco Hernández, pues este alegó imposibilidad para hacerlo por órdenes del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Además, el presidente del Consejo, Jorge Brenes, se encontraba fuera del país la semana pasada.
El superintendente de entidades financieras, Bernardo Alfaro, indicó que no conoce los detalles de lo detectado en Coovivienda y que la persona que mejor puede responder a las inquietudes es el interventor.
En apuros
Uno de los 67 proyectos de Coovivienda enfrenta una complicada situación que incluso ha llevado a los vecinos a plantear sus quejas ante el Ministerio Público.
Se trata del vecindario San Martín II, en Coronado. Coovivienda realiza gestiones de cobro, pero los vecinos alegan incapacidad para enfrentar esa deuda, de la cual, dicen, no fueron enterados, aparte de las dudas que tienen sobre la forma en que se gestiona. (Nota aparte)
Tanto Lobo como agentes del mercado de valores aseguran que Coovivienda abusó de la venta de títulos para obtener recursos que le permitieran financiar más proyectos y, según el Ministro, él presume que se dieron recursos a personas que no calificaban.
Sin embargo, de eso dijo que no tiene pruebas que corroboren que eso fue así y que tampoco puede precisar quiénes y cómo se les transfirió más poder del conveniente a unas instituciones financieras cooperativas del sector vivienda.
La Nación trató de comunicarse, entre el miércoles y el viernes, con la exministra de Vivienda y exsegunda vicepresidenta en la administración anterior, Rebeca Grynspan; sin embargo, no se la localizó. El viernes en la tarde se informó de que estaba fuera de San José.
La diputada de la Unidad, Vanessa Castro, indicó que tiene referencias de que existen varios proyectos con problemas financieros en Coovivienda, particularmente en Goicoechea y Coronado, cantones que representa. Agregó que, según información recibida en su oficina, se trata de unos 28 proyectos que concentran a 5.025 familias.
Manifestó que lo que conoce es que el Gobierno anterior confió muchos proyectos pequeños en Coovivienda, y luego esta entidad no pudo hacerle frente a la situación que se presentó con ellos.
"El interventor debe determinar si eso fue así", manifestó la congresista. Agregó que, en el caso del barrio San Martín II, se evidencia la poca regulación que existe en materia de vivienda y que se refleja en gente que, al buscar un auxilio para tener su casa, llega a depositar mucha confianza en otros.
Fallas administrativas
Según el ministro Lobo, si bien la cartera de crédito de Coovivienda es "una buena cartera" -lo que les garantiza en alguna medida la recuperación del dinero aportado por el Banhvi- no se escapó de problemas en el manejo administrativo de la cooperativa.
Al 31 de julio pasado, un 74 por ciento de los créditos otorgados por la entidad se encontraban en las categorías de menor riesgo de no pago, en A y B, de un total de seis calificaciones.
Los defectos administrativos, según el Ministro, no son exclusivos de Coovivienda, sino que trascienden también a otros consorcios cooperativos.
Una de las tareas de la interventoría es mantener el proceso ordenado de liquidación que se venía llevando desde agosto pasado, según acuerdo del Consejo de Administración.
Sobre los problemas señalados en Coovivienda por el ministro Lobo y la diputada Castro, se intentó obtener alguna versión de parte del presidente de ese Consejo, Mínor Sandoval, mediante un cuestionario remitido, vía fax, el jueves pasado. Sin embargo, este no atendió las consultas.
Otro problema que se ha señalado en la entidad es un financiamiento concentrado en plazos superiores a los ocho años, dado su carácter de cooperativa del sector vivienda, y una alta concentración de títulos vendidos en el mercado con vencimientos a menos de un año.
Además, SUGEF detectó altas sumas de dinero que se trasladaban entre entidades del mismo grupo, entre ella, Coovivienda, banco Federado -también intervenido- y la entidad, radicada en el extranjero, Fedebank.