Sala IV declara sin lugar recurso de amparo contra marchamo digital
El recurrente que interpuso la acción reclamó que el dispositivo permitiría el rastreo y monitoreo de las personas. Hay otros dos recursos pendientes de resolución
Magistrados tomaron la decisión por unanimidad, tras solicitar criterio al Micitt, al OIJ y al Centro de Informática de la UCR Shutterstock
La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo contra el proyecto del marchamo digital que anunció el Gobierno de la República en abril pasado, según un comunicado de prensa enviado por el alto tribunal, este viernes. La decisión de los magistrados fue unánime.
En el amparo, que se tramitó bajo el expediente 23-015121-0007-CO, el recurrente que interpuso la acción reclamó que el adhesivo del marchamo digital permitiría el rastreo y monitoreo de las personas e incidiría en la protección de datos, sin que exista una ley previa que lo autorizara.
Según indica el documento, los magistrados consideraron que los reclamos formulados parten de situaciones hipotéticas, que distan de ser una amenaza cierta, actual e inminente contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En lo que respecta al rastreo y monitoreo de las personas, se comprobó que la contratación trata sobre etiquetas tecnología RFID pasivas, que no permiten trazar la trayectoria de un vehículo ni establecer su posición en un conjunto de lecturas sucesivas. “No cuentan con un sistema de referencia de posición global”, justificaron los magistrados.
En cuanto a la información que incluiría la etiqueta RFID, se indicó que sería la misma que contiene actualmente el marchamo físico que se pega en el parabrisas y que es de acceso para cualquier persona que la lea, indica el comunicado.
Para la resolución, el Tribunal Constitucional solicitó el criterio del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los informes técnicos que aportaron las instituciones desvirtuaron los planteamientos del accionante, según la Sala IV.
De momento, el INS no adjudica el contrato del marchamo digital. La institución se encuentra en un proceso de revisión técnica para definir la empresa que brindará los servicios del marchamo digital. (Shutterstock/Shutterstock)
La propuesta del Poder Ejecutivo consiste en sustituir los adhesivos físicos que se colocan en los parabrisas de los vehículos por una sola etiqueta que posee un chip con toda la información del automotor, entre esas el derecho de circulación. El sticker tendría un valor de $4 y una vida útil de 10 años.
Esa nueva etiqueta incorpora la tecnología RFID, que permite identificar objetos, en este caso vehículos, por medio de ondas de radio que brindan la posibilidad de captar cientos de objetos a la vez. La RFID es similar al código de barras que poseen los productos, en el sentido de que los datos son capturados por una etiqueta.
En este caso, el dispositivo inteligente almacenaría la información de los automóviles en este chip que interactúa con un sistema informático, desde el cual los equipos de la Policía de Tránsito podrán acceder a los detalles particulares de cada vehículo.
Tal y como informó La Nación en setiembre pasado, el Instituto Nacional de Seguro (INS) abrió un concurso para elegir al proveedor de la tecnología. Nueve consorcios empresariales participan por el contrato para proveer 1,8 millones de marchamos digitales, por un valor de ¢4.860 millones.
Esta noche, el INS informó de que si bien están pendientes de despejarse otros dos recursos, la expectativa de la entidad es que sean resueltos de la misma forma por cuanto los argumentos son similares.
“Acogemos con satisfacción esta resolución y continuaremos desarrollando las siguientes etapas del proyecto”, concluyó Mónica Araya, presidenta ejecutiva del INS.
El 31 de octubre, la Superintendencia General de Seguros (Sugese) rechazó al INS la propuesta tarifaria del marchamo 2024 porque pidió cargar a la prima de la póliza el costo del marchamo digital, pese a que la institución no ha adjudicado el contrato al proveedor.
