La Procuraduría General de la República (PGR), en representación del Estado, introdujo un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en contra del fallo que establece la medida cautelar que suspende el decreto ejecutivo que redujo el arancel que pagan los importadores del arroz del 35% a 3,5%, en el caso del arroz con cáscara, y a 4% para el arroz pilado.
De modo escueto, el procurador general de la República, Iván Vincenti, dijo, vía telefónica, haber revisado el borrador de respuestas del procurador a cargo, en relación con las consultas sobre la apelación. “Se interpuso el 4 de abril, pero no le puedo asegurar porque voy manejando”, aseguró. Sin embargo, la oficina del jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal, confirmó que la apelación fue introducida el 4 de abril, después de consultar con la Procuraduría, la tarde de este lunes.
La Nación solicitó confirmación a la Procuraduría a través de la persona a cargo de prensa, quien señaló que será hasta este martes cuando se obtendría respuesta por encontrarse esta de vacaciones.
El fallo fue dictado por la jueza Patricia Calderón y notificado a la Procuraduría el 4 de abril a las 09:46 a.m. La aplicación de la medida cautelar será efectiva cuando el fallo quede como resolución firme, una vez que se agote el proceso de apelación, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
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Fernando Araya, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), indicó que la apelación fue introducida el 5 de abril. “Desde Conarroz estamos enterados de la apelación y reiteramos el respeto al debido proceso, especialmente en esta etapa procesal. Reconocemos el papel de la PGR en la defensa obligatoria del actuar estatal. En el Estado de derecho costarricense y en el respeto a la institucionalidad, estaremos atentos y respetuosos a los resultados del tribunal”, aseguró.
La medida cautelar fue solicitada por los productores de arroz Róger Leiva Martínez, Mario Valverde Mora, Ólger Chamorro Santamaría, Wilfredo Angulo Duarte, Adolfo Valverde Sánchez, Alberto Alfaro Fernández, Eduardo Alberto Marín Cordero y Nelson Calderón Alfaro.
En el fallo, la jueza Calderón explicó que el decreto impugnado crea “una enorme y desventajosa diferencia para los productores nacionales”. Esto porque, en su criterio, se abrió la posibilidad de que los importadores no se vieran obligados a comprar la producción nacional, y se afectó la cosecha nacional por el menor precio de la importación.
“Esto ha llevado a muchos pequeños y medianos productores a abandonar su siembra, sin que el Estado haya provisto una alternativa para quienes tenían su economía dependiente de tal producto y ahora se enfrentan a la quiebra de sus micro y pequeñas empresas”, señaló Calderón.
Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta febrero del 2024 (último dato disponible), el precio del arroz presentó un incremento interanual del 4,28%.
El 6 de julio del 2022, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció la “Ruta del Arroz” y en esa misma fecha se divulgaron dos decretos como parte de ese plan: uno sobre la reducción de aranceles (afectado por el fallo de aplicación de la medida cautelar) y otro sobre la eliminación de la fijación del precio mínimo del arroz. Ambos decretos fueron firmados por el mandatario el 3 de agosto de ese año.
El 10 de agosto se publicó en La Gaceta el decreto que eliminó la fijación de precios, seguido por la publicación del decreto que redujo el arancel el 12 de ese mismo mes.
