El marchamo 2024 no saldrá al cobro este miércoles 1. ° de noviembre como se tenía previsto, porque la Superintendencia General de Seguros (Sugese), rechazó la solicitud de tarifa del seguro obligatorio presentada por el Instituto Nacional de Seguros (INS).
La aseguradora estatal deberá presentar una nueva petición para la prima del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), informó Tomás Soley, jerarca de la entidad supervisora, en conferencia de prensa, este martes 31 de octubre.
El Superintendente explicó que se declinó la solicitud del INS porque pidió cargar a la prima de la póliza el costo del marchamo digital, pese a que la institución no ha adjudicado el contrato al proveedor. Además, porque el Instituto pidió liberar ¢8.000 millones de una provisión técnica de siniestralidad para aplicarla a la tarifa del seguro.
“Se rechazó la solicitud planteada de tarifas para el SOA, por lo que no será posible que el día de mañana (miércoles) se inicie el cobro del marchamo con todos sus componentes, incluido el seguro obligatorio”, explicó Soley.
Minutos después del aviso, el INS informó de que son respetuosos de la resolución comunicada por la Sugese. “Hemos sido notificados hace pocos minutos por el regulador y en este momento el equipo técnico se encuentra realizando las valoraciones correspondientes”, indicó por medio de un mensaje de texto.
Mónica Araya, presidenta ejecutiva de la aseguradora pública, aseguró la noche de este martes que en las próximas horas enviarán la nueva solicitud tarifaria del seguro obligatorio a la Superintendencia. Además, lamentó que las justificaciones presentadas por la institución no fueran tomadas en cuenta.
“Estamos tomando las acciones correspondientes para atender las inquietudes del regulador. Mañana (miércoles) mismo se tendrán los nuevos escenarios de tarifas para aprobación de la Junta Directiva y enviarlos este mismo miércoles a la Sugese, por lo que, de ser aprobados en las próximas horas, el INS está en plena capacidad de salir al cobro este 1. ° de noviembre”, aseguró la jerarca.
Tomás Soley agregó, sobre la negativa de aprobar la prima del seguro, que el Instituto no sustentó de manera satisfactoria la petición excepcional de la reserva de ¢8.000 millones.
“La medida pretende una reducción de las primas que resulta contraintuitiva en un contexto donde se ha observado un aumento de accidentes y lesionados; así como de los montos liquidados de la atención (médica) entre el 2022 y 2023”, sostuvo el Superintendente.
Entre enero y setiembre de este año hubo 26.159 accidentes en carretera, es decir, 13% más respecto a los 23.180 en el mismo periodo del 2022, según cifras de Sugese
Respecto al marchamo digital, Soley afirmó que incluirlo en el costo de la prima implicaría un aumento de la tarifa del SOA del 8%.
El INS presentó, de manera formal, la petición tarifaria a la Superintendencia el pasado 21 de agosto. Posteriormente, hubo varias solicitudes de información adicional por parte de la entidad fiscalizadora de seguros, hasta que se entregó la resolución final este 31 de octubre.
El SOA es una póliza que cubre la atención de terceros durante accidentes. Su cobertura es de ¢6 millones, pero podría duplicarse en casos especiales como menores de edad, o bien, dependiendo del grado de incapacidad parcial o total ocurrida.
Este seguro representa, históricamente, el 20% del costo del marchamo. El principal componente dentro de su costo es el impuesto sobre la propiedad a los vehículos.
El próximo año, el derecho de circulación tendrá la característica de que el tributo tendrá un rebajo mínimo del 10% y uno máximo del 50%, para los vehículos registrados, a raíz de la reforma legal para modificar el valor fiscal de los automóviles, informó el Ministerio de Hacienda.
Roces continuos
No es la primera vez que la Superintendencia y el INS chocan por el uso de las reservas técnicas a raíz de la intención de la aseguradora pública de aplicar ese dinero en los seguros obligatorios.
Soley explico que las provisiones se crean con el objetivo de atender los accidentes. “En el pasado se han liberado reservas que han tenido este efecto (reducir tarifa). Entonces, el rechazo de la liberación se da porque hay información insuficiente para poder medir y considerarlo como un ingreso extraordinario”, afirmó.
El jerarca destacó que esta reserva se acumuló por varios años y el objetivo del Instituto era utilizarla en un solo año. Sin embargo, consideró que la medida tendría el efecto de atrasar ajustes futuros en la póliza.
En el 2018, la Superintendencia ordenó a la aseguradora estatal eliminar una reserva de la póliza de Riesgos del Trabajo capitalizar los recursos, en ese momento de ¢130.000 millones, en el patrimonio de la empresa pública.
En ese momento, la entidad determinó que la provisión del seguro era “improcedente” e “innecesaria”, pues no tiene ningún respaldo legal.
Soley recordó que, tras la apertura del mercado de seguros, se ordenó al Instituto usar una provisión del SOA que se aplicó, en los años posteriores, a la tarifa de la póliza obligatoria.