El Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR) expresaron su oposición al proyecto del Gobierno Central que propone eliminar la garantía estatal en ambas entidades, al considerar que sería perjudicial para el desarrollo de la actividad financiera.
Ambas instituciones argumentaron que el respaldo del Estado es un apoyo a sus operaciones comerciales, desde la captación de recursos del público hasta la concesión de financiamiento a sus clientes.
Hilel Zomer, director jurídico del Banco Nacional, afirmó que la garantía estatal actúa como un diferenciador para el negocio de la entidad y permite atender regiones del país donde la banca privada no llega.
“Los bancos del Estado se han constituido siempre como un refugio de los ahorrantes e inversionistas ante crisis en el sistema financiero, por lo cual la eliminación de dicha garantía puede tener efectos en la confianza de todo el sistema”, aseguró Zomer.
Por su parte, el BCR señaló a los diputados, en un oficio que contiene sus observaciones sobre la iniciativa, que la garantía estatal influye en la decisión de los ahorrantes de depositar sus recursos en la institución, ya que les proporciona estabilidad y confianza.
También aceptaron, en el oficio GCJ-MSM-EGCH-496-2024, que la reforma provocaría una eventual disminución del tamaño del banco, menor participación de mercado, menores ingresos y afectación en indicadores regulatorios.
“La garantía del Estado constituye un respaldo para la banca comercial estatal para todas aquellas labores que llevan a cabo y que la banca privada no realiza. La banca comercial estatal tiene un deber de bancarización con la población en general y el Estado mismo que no tiene la banca privada”, justificó el BCR a La Nación por escrito.
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La iniciativa legal presentada por el Poder Ejecutivo, actualmente en estudio en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, plantea la eliminación gradual de la garantía estatal en un periodo de 10 años.
Nogui Acosta afirmó que la garantía estatal con que gozan ambos bancos representa una contingencia fiscal que no podría ser asumida. “Es mucho riesgo concentrado. Tenemos una proporción muy alta del sistema bancario en manos del Estado. La labor del Estado, más que tener bancos, es brindar estabilidad al sistema financiero para que funcione”, dijo el jerarca a La Nación.
Aumento de tasas
Para Bernardo Alfaro, exgerente del Banco Nacional, una de las consecuencias de eliminar la garantía estatal sería un aumento en las tasas de interés, tanto para la captación de recursos como para las operaciones de crédito.
“Los bancos del Estado captan recursos a tasas más bajas en colones y dólares, y también colocan préstamos a menores tasas. Si se elimina la ventaja de la garantía estatal, tendrán que fondearse a mayores intereses, lo que implicará un aumento en las tasas activas (las de los créditos)”, explicó el exbanquero.
Alfaro opinó que una verdadera igualdad de condiciones frente a los bancos privados solo sería posible si se eliminan las contribuciones parafiscales que el Banco Nacional y el BCR deben hacer al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a la Comisión Nacional de Emergencias y al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
Por su parte, Carlos Fernández, exgerente del BCR, coincidió en que estos aportes parafiscales deberían eliminarse, ya que de lo contrario se produciría una descapitalización en los bancos públicos. “Muchas personas aceptan recibir menos por sus ahorros debido al respaldo que garantiza la seguridad de sus depósitos. Pero si esta garantía desaparece, podría darse una migración de recursos”, advirtió.
Fernández añadió que anular la garantía estatal abriría la puerta para la venta del BCR, uno de los objetivos planteados por la Administración de Rodrigo Chaves.