A la administración del presidente Rodrigo Chaves le corresponderá elegir a 14 de 18 miembros de juntas directivas de instituciones financieras públicas a quienes se les vence el periodo asignado al cargo entre el 31 de mayo y 31 de julio próximo.
Los nombramientos deberán hacerse en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco Popular; en los tres primeros casos la permanencia en la silla directiva es por ocho años, mientras que en el Banco Popular, por cuatro.
La selección de los próximos directivos se hará con nuevas reglas en las cuales, por ejemplo, se debe corroborar que las personas estén al día con sus obligaciones tributarias, crediticias y con la Caja Costarricense de Seguro Social, según una nueva normativa de idoneidad que rige dese el pasado 19 de mayo.
En los bancos Nacional y de Costa Rica se deberán elegir, en cada uno, a cuatro de las siete personas que integran la Directiva a quienes se les vence el plazo el próximo 31 de mayo. En ambas entidades, mientras no se designe a los sustitutos, el órgano de dirección quedará desintegrado. En las subsidiarias no ocurrirá lo mismo, porque los actuales miembros seguirán en el cargo hasta la llegada de los sucesores.
“En el caso del Banco (Nacional), mientras no se formalicen las designaciones para el período 2022-2030, la Junta Directiva General quedaría desintegrada y no podría sesionar”, informó la Secretaría General de la Directiva, por escrito, a La Nación.
En el Popular, a los siete directores se les termina el periodo de cuatro años en julio próximo. Cuatro de ellos serán escogidos por la Asamblea de Trabajadores del Banco, los cuales debe ratificar el Gobierno. Los otros tres miembros los elije el Poder Ejecutivo.
“No se prevé que el proceso de selección y nombramiento de los miembros de Junta Directiva Nacional lleve un largo tiempo, dado que incluso ya hay procesos que están en curso, por ejemplo, el proceso de integración de la Asamblea de Trabajadores del período 2022-2026 efectivamente ya inició”, informó la Oficina de Comunicación de la entidad bancaria.
En el caso del INS son tres personas por las cuales ya inició la recepción de información de los interesados al cargo por un plazo de ocho años. A Mónica Araya, presidenta ejecutiva de la aseguradora, el Poder Ejecutivo la designó el pasado 8 de mayo por cuatro años.
Adicionalmente, el Gobierno informó, este miércoles 25 de mayo, de que ya abrió el proceso para recibir candidaturas por los puestos que quedarán vacantes a final de este mes. El vicepresidente Stephan Brunner fue quien anunció la apertura de la recepción de información.
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“Tengo el agrado de comunicarles que hemos publicado algunos puestos disponibles por nombrar de los miembros de las juntas directivas de las empresas públicas del Estado. Encontrarán esta información en la página web y redes sociales de Casa Presidencial. Esto es parte de la transparencia con la que trabaja el presente Gobierno”, dijo el jerarca.
En la información difundida se detalla que las personas electas tendrán un periodo de nombramiento a partir del 1. ° de junio y hasta el 30 de mayo del 2030.
Cada director designado recibirá una dieta bruta por ¢209.615 por participar en las sesiones de Junta. A dicho monto se le aplica un 15% de retención de renta, por lo cual el pago neto es de ¢178.172, informaron el BNCR, el BCR y Banco Popular.
En el INS, los miembros de la Directiva general reciben una pago bruto de ¢90.000 por cada sesión y de ¢50.000 en las reuniones de las subsidiarias, según el Presupuesto Institucional 2022, aprobado por la Contraloría General de la República. La presidenta ejecutiva de la aseguradora estatal no recibe dieta, porque ella tiene salario.
Reglas de elección
Las juntas directivas son los máximos órganos de dirección de las entidades financieras. Son los encargados de dirigir la política financiera y económica, nombrar la alta gerencia, aprobar el presupuesto anual y avalar la estrategia del negocio, entre otros.
La selección de los miembros de las juntas directivas del BNCR, BCR, Popular y el INS se deberán hacer bajo nuevos parámetros de revisión, según el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros de órgano de dirección y de alta gerencia que empezó a regir desde el pasado 19 de mayo, cuando se publicó en La Gaceta.
Por ejemplo, no se considerará idónea si la persona o sociedad donde tenga participación fue, en los últimos cinco años, condenada o tiene procesos abiertos por faltas tributarias, deudas en cobro judicial y con la seguridad social. La falta de capacidad también aplica si es un deudor moroso con más de una cuota pendiente de pago en alguna entidad del sistema financiero nacional o en el exterior, al momento de su evaluación.
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En caso de que la persona designada incurra de forma posterior, en alguno de los fallos descritos anteriormente, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) puede pedirle al Consejo de Gobierno la remoción de la persona, después de ejecutar una investigación de la falta.
“Si está administrando fondos públicas, la persona tiene que tener cierta preparación para tomar decisiones que hagan sentido. La relevancia de un directivo es que, la toma de una mala o buena decisión, puede causar un daño irreparable al banco. Si se tiene una persona recibiendo una dieta, los ahorrantes y los costarricenses deberíamos de tener una persona que tenga la preparación para tomar buenas decisiones”, enfatizó Alberto Dent, presidente del Conassif.
En los últimos años, las directivas de la banca pública estuvieron en el ojo de la crítica. Durante la administración de Luis Guillermo Solís ocurrieron varios escándalos en la banca pública que finalizaron en procesos de investigación, administrativos y judiciales; así como la salida de varios miembros de juntas directivas.
En el BCR se trató del conocido caso del cemento chino que provocó la destitución de varios miembros de la directiva y la detención de otros tantos gerentes de la entidad estatal. El Consejo de Gobierno destituyó a varios integrantes después de recomendaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
En el BNCR la polémica comenzó con la intención de varios miembros de la directiva general de acaparar todas las juntas de las empresas subsidiarias de la entidad estatal.
