“Nuestra idea, nuestro compromiso, es cumplir en tiempo y calidad”. De esta forma, Francisco Javier Urra, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica, puntualiza las expectativas con que el organismo multilateral decidió financiar la construcción de la nueva carretera a San Carlos.
Urra tiene claro que existe una deuda histórica con los habitantes de la zona norte, quienes han esperado más de cinco décadas por la cristalización del proyecto. Por ello, asegura que el BID está dando los pasos necesarios para que la obra se ejecute conforme a lo estipulado.
El BID otorgó un crédito de $335 millones para la ejecución de la obra. Según lo convenido con el Gobierno, para enero del 2029 el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá tener concluidos y en operación los tres tramos de la carretera y la sección Sucre-La Abundancia de la ruta 700, para un total de 40 km.
“Creo que el país nos eligió porque sabe que este es uno de los proyectos más complejos. Es como una cirugía de alta complejidad y quiere hacerlo con un cirujano que no solo aporte el financiamiento, sino que también brinde todo el acompañamiento técnico, medioambiental y de salvaguardias necesario”, asevera Urra.
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En entrevista con La Nación, el representante del BID admite que la decisión de apoyar este proyecto forma parte de un cambio de enfoque de la entidad financiera, que ya no desea financiar obras puntuales sino iniciativas que tengan mayor impacto en un país. “La idea es que ya no seamos un banco de proyectos”, aclara.
Al respecto, detalla que en el caso de Costa Rica la cartera de inversiones del Banco no solo cubre el área de infraestructura pública, sino también planes en materia de seguridad ciudadana y energía renovable. A continuación, un resumen de la conversación con Urra:
– ¿En este momento, cuál es la cartera de inversión que tiene el BID en Costa Rica y en cuáles áreas se podría invertir?
Nosotros tenemos una cartera de garantía soberana de $1.600 millones. Si subdividimos y quitamos los $300 millones de apoyo presupuestario, nos quedamos con $1.300 millones, de los cuales ya se desembolsó aproximadamente la mitad en distintas secuencias.
”Entonces, son $1.600 millones de cartera con el sector público, de los cuales $1.300 millones son para inversión. Yo diría que prácticamente $1.000 millones son del área de infraestructura, directamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Estamos en muchas obras viales y proyectos de infraestructura.
”Otro segundo gran pilar es la energía renovable. Actualmente, tenemos un préstamo muy importante con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otro con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para todo el tema de saneamiento en la región central de San José. Tenemos el proyecto de paso integrado de fronteras con Comex.
”Finalmente, tenemos el préstamo tanto con el Ministerio de Seguridad como con el Ministerio de Justicia y Paz, que tiene un componente tanto de “seguridad dura” (delegaciones de policía) como de prevención del delito (centros cívicos de paz). Y, como mencioné, también operaciones de apoyo presupuestario en el área de descarbonización”.
– Desde hace años es común escuchar que el BID financió un puente o una infraestructura muy puntual. Con el préstamo para la carretera a San Carlos, ¿podría inferirse que ahora hay un enfoque de apostarle a proyectos de más impacto para el país?
Exactamente. La cuestión es que ya veníamos haciendo esa transformación (...). La idea es que ya no seamos un banco de proyectos.
“Cuando yo tenga un diálogo con el ministro de Hacienda, sea quien sea, no debería decirme ‘Francisco Javier, yo quiero tal proyecto, quiero tal puente’. No, lo que deberían decirme es: ‘yo quiero para los próximos 10 años una intervención en infraestructura con estos resultados globales’, como que Costa Rica tenga una infraestructura a la altura de un país OCDE”.
“O que en materia de seguridad ciudadana me diga: ‘Francisco Javier, yo quiero tener un programa, que luego puede ser varios proyectos o varias intervenciones, que haga que el país revierta la situación de seguridad y nos baje la tasa de homicidios’. Esa es nuestra idea”.
“Queremos trabajar particularmente en infraestructura resiliente, seguridad ciudadana, habilidades para los jóvenes para que puedan unirse a una nueva economía competitiva, y habilitar un ambiente positivo para todo lo que es el sector privado, particularmente para asociaciones público-privadas, que creemos que tienen un enorme potencial en el país”.
— Francisco Javier Urra, representante del BID en Costa Rica
- ¿Habrá especial atención para que se cumplan los plazos? Lo pregunto porque en el pasado hubo otros financiamientos, pero ya pasaron cinco décadas y ese proyecto aún no está finalizado.
La carretera hacia San Carlos es para nosotros un programa emblema. Nosotros no queremos poner una excusa, pero nos acabamos de unir al esfuerzo de la carretera a San Carlos. No era un proyecto que teníamos planeado. Tuvimos el diálogo con el Gobierno el año pasado y el Gobierno nos dijo: ‘Queremos que el BID sea el financiador de la carretera a San Carlos’. Entramos con un programa muy fuerte porque fue un nuevo préstamo de $225 millones y la reformulación de $110 millones de la cartera que teníamos, suman un programa total de $335 millones.
”Existe una deuda histórica del país con la región norte; eso es así. Nosotros, el BID, recibimos la solicitud del país como un todo el año pasado. Lo que yo sí creo es que ahora estamos cumpliendo. Preparamos el préstamo a tiempo. El compromiso que hicimos fue aprobar el programa en el Directorio del banco en noviembre del año pasado.
“Se firmó el contrato de préstamo con el presidente de la República en enero y, hace dos semanas, fuimos a Casa Presidencial para lanzar la licitación internacional del tramo sur. Entiendo que la frustración viene de antes, pero nosotros estamos cumpliendo”.
- ¿Por qué cree que el Gobierno tocó la puerta del BID para este proyecto?
Este proyecto es de mucha complejidad; atraviesa humedales y hay partes de la carretera que son “green field”, es decir, que realmente necesitan ser construidas desde cero. Todo el tramo sur debe ser abierto íntegramente. Además, hay otras obras que ya están construidas, y debemos evaluar en qué condiciones se encuentran.
”Creo que el país nos eligió porque sabe que este es uno de los proyectos más complejos. Es como una cirugía de alta complejidad, y quiere hacerlo con un cirujano que no solo aporte el financiamiento, sino que también brinde todo el acompañamiento técnico, medioambiental y de salvaguardias necesario. Creo que podemos lograrlo, y ese es el compromiso del banco: hacerlo a tiempo”.
- ¿Existe alguna penalidad si los plazos de la obra no se cumplen?
No. El plazo del contrato del préstamo es de cinco años, que es el plazo estándar en los préstamos del banco. Queremos que se cumplan esos cinco años, pero no existe una penalidad ni un castigo en caso de que sea necesario dar una extensión. Si ocurre, se da de manera natural.
“No quiero decir esto de manera poco firme porque siempre hay quienes piensan que al prepararse para el plan b, uno ya está dirigiéndose hacia ese plan. Nuestra idea, nuestro compromiso, es cumplir en tiempo y calidad, pero no hay una penalidad por parte del banco en ese sentido.
- ¿Cuáles son los proyectos que se financian en materia de seguridad ciudadana?
Este es un préstamo que se está ejecutando muy bien. Es un préstamo reciente de $100 millones, del cual ya tenemos prácticamente entre $20 millones y $30 millones ejecutados y comprometidos. Tenemos delegaciones de policía y centros cívicos de paz para inaugurar este año.
“Además, estamos en preparación de una nueva línea de crédito por $350 millones en seguridad ciudadana. Para setiembre u octubre tendríamos aprobados $350 millones, más el préstamo de $100 millones y una donación de $20 millones en seguridad ciudadana. En total, estaríamos hablando de que el BID disponibiliza al país $500 millones para seguridad ciudadana.
”Es importante destacar que lo que estamos aprobando es una línea de crédito que incluye distintas operaciones individuales preparadas. ¿Por qué es esto importante? Porque va a ir más allá de esta administración.
”La línea de crédito va a tener tres operaciones individuales: una se aprueba junto con la línea de crédito y las otras dos quedan aprobadas para 2026 y 2028, para los próximos siete años. Estas nuevas operaciones ya ratificadas esperamos que también sean aprobadas por la Asamblea Legislativa.
“Creo que este es un mensaje importante de institucionalidad porque es un programa que va más allá de colores políticos y de situaciones entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa . Dejamos un paquete de casi $500 millones para que el país pueda enfrentar el desafío de la seguridad ciudadana”.
