La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) solicitó este lunes al Banco Central de Costa Rica (BCCR) que modifique sus sistemas de captura de información para permitir a las entidades bancarias enviar datos sin identificar a las personas para calcular la Tasa Básica Pasiva (TBP).
La petición se hizo mientras la Sala Constitucional resuelve una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo contra la institución emisora por solicitar datos de clientes sin anonimizar.
La ABC basa la solicitud en que el BCCR tiene la capacidad de calcular la TBP sin necesidad de identificar a los clientes.
Además recalcó que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) ordenó suspender cualquier solicitud de información que incluya datos personales de los habitantes, indicó Ronulfo Jiménez Rodríguez, asesor económico de la ABC, a través de un comunicado de prensa.
Desde el 2016, las entidades financieras envían la información de depositantes sin anonimizar, para el cálculo de la tasa básica, porque así lo exige el Banco.
Ante la consulta acerca de la solicitud de la Asociación Bancaria, la oficina de prensa de la ente emisor respondió las 7:00 p.m. a través de correo electrónico, que el sistema de correspondencia registra la entrada del oficio de la ABC este lunes, a las 5:23 a.m. y en este momento se encuentra en proceso de análisis.
Cabe señalar que el 30 de agosto, la Prodhab ordenó al BCCR suspender cualquier solicitud de información que incluya datos de personas sin anonimizar, y a la vez instruyó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a no entregar esta información al ente emisor.
Por otro lado, el 31 de agosto, la Sala IV aceptó dar curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por la ABC contra la solicitud del Banco Central a la Sugef para obtener información crediticia de los deudores sin anonimizarla.
Jiménez reiteró el compromiso con el respeto a las disposiciones y la institucionalidad del país, colaborando con el Banco Central mientras se espera el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre la correcta interpretación de las normas y el equilibrio necesario entre las necesidades estadísticas y la privacidad de la información de las personas.
“Desde 2016, los bancos han cumplido con la obligación establecida por el Banco Central de enviar información relacionada con depósitos del público para el cálculo de la Tasa Básica Pasiva, incluyendo la identificación de los clientes, ya que la plataforma tecnológica proporcionada para la transmisión de estos datos no permite el envío de información sin ese detalle. En otras palabras, los bancos no tienen la opción de enviar la información de forma anónima”, explicó Jiménez.
Señaló que la ABC recurrió a la Sala Constitucional con el objetivo de buscar claridad en el marco que debe regir el respeto a uno de los derechos más importantes en la sociedad actual: la autodeterminación informativa.
“La solicitud al Banco Central se centra en la protección de la privacidad de los clientes de las entidades bancarias. Creemos firmemente en la importancia de salvaguardar los datos personales de los ciudadanos mientras se cumplen con las obligaciones estadísticas necesarias”, aseveró Jiménez.
El vocero de la ABC agregó que el Banco Central tiene la capacidad técnica para calcular la TBP sin requerir la identificación de los clientes.
“Esperamos que la Sala Constitucional analice esta cuestión fundamental y proporcione una dirección clara sobre cómo abordar este equilibrio delicado en la era de la información”, indicó el asesor económico de los banqueros.
La tasa básica pasiva, principal referente para los intereses de créditos en colones, es un promedio ponderado de las tasas de interés brutas (sin excluir el impuesto sobre la renta) de la captación que las entidades financieras realizan en el mercado nacional.
La solicitud de la ABC se realiza luego de que el viernes pasado, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal López, y la gerenta general de la entidad, Hazel Valverde Richmond, se reunieron con gerentes de la banca para indicarles que continuarán solicitando la información de los deudores sin anonimizar.
